Aranceles en EE.UU. enfrentan un nuevo escenario tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló amplios gravámenes de emergencia impuestos durante la administración de Donald Trump. La decisión judicial coloca en un limbo legal más de 175 mil millones de dólares en recaudación, abriendo la puerta a una posible avalancha de solicitudes de reembolso por parte de empresas importadoras.
El dictamen, aprobado con seis votos contra tres, determinó que el expresidente excedió su autoridad al utilizar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para imponer tarifas generalizadas a productos importados. Ahora, el caso regresa a la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, que deberá definir el alcance y los mecanismos de ejecución del fallo.
Araceles EE.UU.:Un impacto fiscal de proporciones históricas
Las estimaciones del modelo económico Penn-Wharton Budget Model (PWBM), citadas por Reuters, señalan que la cifra susceptible de devolución podría alcanzar los USD 175 mil millones. Aunque la sentencia no especifica directamente este monto, habilita el camino legal para que las empresas reclamen el dinero recaudado bajo los aranceles considerados improcedentes.
Hasta mediados de diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos había recaudado aproximadamente 133,5 mil millones de dólares en tarifas vinculadas a la IEEPA, representando el 67% de los aranceles del año fiscal 2025. En total, los ingresos aduaneros ascendieron a 202 mil millones de dólares, multiplicando por 2,4 la cifra del año previo.
De concretarse los reembolsos, el impacto fiscal sería significativo. Analistas advierten que la suma potencial supera el gasto combinado previsto para los Departamentos de Transporte y Justicia en el ejercicio 2025, lo que podría alterar proyecciones presupuestarias y niveles de deuda pública.
El debate sobre la autoridad presidencial y la política comercial
El núcleo del fallo radica en la interpretación de la IEEPA. La Corte sostuvo que esta ley, diseñada para responder a emergencias nacionales, no otorga carta blanca para imponer aranceles de carácter general como herramienta estructural de política comercial.
Durante su mandato, Trump defendió los aranceles como un mecanismo para proteger la industria nacional, reducir el déficit comercial y presionar a socios estratégicos. Se implementaron tarifas generales del 10% a todas las importaciones, con incrementos específicos para determinados países. En el caso de China, los gravámenes llegaron al 125%, además de un 20% adicional relacionado con el tráfico de fentanilo, aunque posteriormente fueron reducidos tras negociaciones.
El modelo del PWBM calculó que desde febrero de 2025 la recaudación diaria por tarifas bajo la IEEPA rondaba los 500 millones de dólares, integrando variaciones producto de acuerdos comerciales y ajustes arancelarios con países como Corea del Sur y Brasil.
Empresas preparan reclamaciones millonarias
Con el fallo en vigor, cientos de empresas ya preparan demandas para solicitar la devolución de los aranceles pagados. El eventual reembolso saldría directamente del Tesoro estadounidense, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de liquidez y la estabilidad presupuestaria.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el país dispone de reservas suficientes para afrontar posibles devoluciones, proyectando saldos en efectivo de 850 mil millones de dólares al cierre de marzo y 900 mil millones a finales de junio. Sin embargo, la incertidumbre jurídica persiste, ya que la Corte Suprema no detalló los procedimientos ni el alcance exacto de los reembolsos.
Además, funcionarios vinculados a la administración Trump han señalado que buscarán alternativas legales para reinstaurar ciertos gravámenes utilizando otras facultades arancelarias disponibles, lo que podría generar nuevas controversias judiciales.
Un precedente con efectos duraderos
Más allá de la cifra en disputa, el fallo marca un precedente clave sobre los límites del poder presidencial en materia comercial. Refuerza el papel del Congreso en la definición de políticas arancelarias estructurales y redefine el uso de instrumentos de emergencia para fines económicos de largo plazo.
El desenlace final dependerá de las resoluciones de la Corte de Comercio Internacional y de la posible respuesta legislativa o ejecutiva. Mientras tanto, los aranceles en EE.UU. permanecen en un estado de incertidumbre que afecta tanto a importadores como a socios comerciales internacionales.
La decisión no solo impacta las finanzas públicas, sino también la credibilidad de la política comercial estadounidense y la seguridad jurídica para inversionistas y empresas que operan en mercados globalizados.
En conclusión, el fallo de la Corte Suprema abre un capítulo complejo en la historia reciente del comercio estadounidense. Con miles de millones de dólares en juego y un precedente que redefine la autoridad presidencial, el país enfrenta un debate profundo sobre el equilibrio entre seguridad nacional, política comercial y límites constitucionales. El desenlace de este proceso marcará la pauta para futuras administraciones y la estabilidad del sistema arancelario en Estados Unidos.
