Violencia de grupos armados, disputas territoriales y ausencia estatal amenazan la supervivencia de los Kogui, Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Ette Naka.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia lanzó una grave advertencia: cinco pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan un riesgo inminente de “extinción física y cultural” debido a la violencia de grupos armados, la lucha por sus territorios y una protección estatal insuficiente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió de ka situación que atraviesan los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Ette Naka, cuya población combinada es de aproximadamente 54,700 personas, en la emblemática Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.
La advertencia surge tras una visita de funcionarios de la ONU a la región, donde dialogaron con representantes de estas comunidades ancestrales, cuyo conocimiento fue reconocido por la UNESCO en 2022 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Las causas de este riesgo existencial son múltiples y complejas:
- Violencia de Grupos Armados: Estos pueblos están sometidos a «diversas formas de ataque cruel por parte de grupos armados no estatales».
- Disputas Territoriales: Los grupos armados combaten por el control de los territorios indígenas, que a menudo son corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas.
- Imposición de Control: Los grupos rebeldes imponen toques de queda e interfieren en las asambleas y formas de autogobierno indígena.
- Desplazamiento Forzado: Cientos de indígenas de la Sierra Nevada han sido desplazados de sus tierras ancestrales.
- Asesinatos y Desapariciones: El año pasado se registró el asesinato de un líder comunitario Arhuaco y la desaparición de un miembro del pueblo Kogui.
- Protección Estatal Insuficiente: La ONU señala que la protección brindada por el Estado colombiano no ha sido adecuada para garantizar la seguridad y pervivencia de estos pueblos.
La Política de “Paz Total” y sus Desafíos en el Territorio
La crítica situación en la Sierra Nevada de Santa Marta pone de relieve las limitaciones y posibles consecuencias no deseadas de la política de «Paz Total» impulsada por el presidente Gustavo Petro. Si bien esta iniciativa busca dialogar con la mayoría de los grupos armados remanentes, los resultados hasta ahora han sido escasos, según la propia ONU.
El vacío de poder dejado tras la desmovilización de las FARC en 2016 sigue siendo explotado por diversas facciones armadas que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. En este contexto, las comunidades indígenas, a menudo ubicadas en zonas remotas y estratégicas, quedan atrapadas en el fuego cruzado, sufriendo violaciones a sus derechos humanos y viendo amenazada su propia existencia. La incapacidad de la «Paz Total» para neutralizar eficazmente a estos actores armados o establecer un control estatal efectivo en las regiones en disputa es un factor crítico.
Extinción cultural: Más allá de la violencia física
La amenaza que enfrentan estos cinco pueblos no es solo física, derivada de la violencia directa y el desplazamiento, sino también profundamente cultural. La interrupción de sus formas de autogobierno, la profanación de sus sitios sagrados, la alteración de sus prácticas espirituales y la desconexión forzada de sus tierras ancestrales –elementos intrínsecos a su identidad y cosmovisión– conducen directamente a la erosión y potencial pérdida de un patrimonio cultural único e irremplazable. La pérdida de líderes, como el líder Arhuaco asesinado , significa también la pérdida de conocimiento tradicional y guías espirituales, acelerando este proceso de etnocidio cultural.
Un enfoque integral: Seguridad, desarrollo y derechos indígenas
El llamado de la ONU a que el gobierno colombiano brinde no solo protección militar, sino también un mejor acceso a la salud, la educación y oportunidades de empleo , subraya la necesidad de un enfoque holístico. Una estrategia puramente centrada en la seguridad se ha demostrado insuficiente.
La paz sostenible y la supervivencia de estas comunidades requieren abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la falta de alternativas económicas legales y la exclusión social, que a menudo facilitan el accionar de los grupos ilegales. Es imperativo que cualquier intervención estatal se realice con pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su autonomía y su visión del desarrollo, asegurando que sean partícipes y no meros receptores de las políticas que les afectan. La interconexión entre seguridad, desarrollo y derechos indígenas es fundamental para cualquier solución duradera.
La comunidad internacional observa con preocupación la situación. No se ha detallado una respuesta oficial específica del gobierno colombiano a esta advertencia particular de la ONU del 20-21 de mayo en los fragmentos disponibles, aunque el contexto general de las conversaciones de paz y las políticas hacia los pueblos indígenas sigue siendo un tema activo en la agenda nacional.
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