Mientras la crisis de personas desaparecidas en México sigue agravándose, la reciente publicación del Diario Oficial de la Federación reveló que el estado de Yucatán recibirá únicamente 53,350 pesos para acciones de búsqueda de personas desaparecidas en 2025.
La cifra, que a duras penas alcanzaría para cubrir los viáticos de una brigada de búsqueda por unos días, contrasta con la necesidad de robustecer las capacidades de las fiscalías y comisiones locales en un contexto nacional donde más de 114 mil personas están reportadas como desaparecidas.
Activistas y colectivos de búsqueda han denunciado durante años la falta de recursos, personal especializado y voluntad política. Por ello, la reciente asignación presupuestaria parece confirmar que el problema no se encuentra entre las prioridades urgentes para algunos gobiernos estatales y federales.
Aunque Yucatán no se encuentra entre las entidades con más reportes de desaparición, sí cuenta con casos activos, además de víctimas indirectas que reclaman atención institucional, acompañamiento psicosocial y diligencias reales de búsqueda, no sólo en papel.
Además, el Gobierno Federal ha intentado centralizar y reorganizar los mecanismos de búsqueda, con polémicas como la desaparición del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la reciente sustitución de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La asignación presupuestaria contrasta con las recomendaciones internacionales que llaman a los estados a garantizar medios adecuados para enfrentar la desaparición forzada y apoyar a los familiares de las víctimas.
