El día de ayer, un tribunal de la Ciudad de México dictó sentencia absolutoria a Diego N., estudiante del Instituto Politécnico Nacional, acusado de violación a la intimidad sexual. Este caso, relacionado con el uso de inteligencia artificial para crear contenido sexual íntimo, marcó un hito por ser uno de los pocos que llegan a juicio tras la tipificación de la violencia digital en el Código Penal.
Aunque la decisión ha generado indignación, el fallo no sorprende. Este caso evidencia un problema mayor: la falta de una legislación técnica, protocolos claros y herramientas científicas que permitan investigar y sancionar estos delitos de manera efectiva.
El origen del problema: una legislación deficiente
Desde la incorporación de la violencia digital al Código Penal de la Ciudad de México, su implementación ha enfrentado múltiples retos. El artículo 181 Quintus, que tipifica este delito, presenta varios problemas:
- Verbos rectores ambiguos: La redacción excesivamente amplia dificulta delimitar responsabilidades y grados de participación.
- Falta de protocolos técnicos: No existen lineamientos claros para sustentar investigaciones en casos que implican tecnología avanzada como la inteligencia artificial.
- Carencias científicas: Las fiscalías carecen de herramientas y personal capacitado para abordar estos delitos.
Cuando la legislación fue aprobada, muchas voces señalaron estas carencias. Sin embargo, los llamados a fortalecer la técnica legislativa fueron ignorados. Hoy, estos vacíos generan frustración en las víctimas y en el sistema judicial.
Un caso que refleja la realidad de muchas víctimas
El caso de Diego N. no es único. La violencia digital afecta a miles de personas, mayoritariamente mujeres, que enfrentan un sistema que no está preparado para protegerlas ni ofrecer justicia.
La ausencia de un marco legal integral no solo perpetúa la impunidad, sino que también revictimiza a quienes denuncian. Las carpetas de investigación quedan estancadas por falta de pruebas técnicas, y las audiencias judiciales son, muchas veces, un proceso repleto de obstáculos.
Este caso nos recuerda que la solución no está únicamente en sancionar penalmente. Es necesario explorar vías como:
- Reparación civil: Ofrecer indemnización y reparación a las víctimas.
- Sanciones administrativas: Implementar medidas en entornos laborales o escolares.
- Campañas preventivas: Crear conciencia sobre las implicaciones de la violencia digital.
El papel del populismo punitivo
El impulso por incluir la violencia digital en el Código Penal respondió a una demanda social legítima. Sin embargo, la falta de planificación técnica convirtió una solución urgente en un problema operativo.
El populismo punitivo —legislar para apaciguar la opinión pública sin prever la implementación— resulta contraproducente. En lugar de proteger a las víctimas, genera expectativas insatisfechas, miles de carpetas sin resolver y desconfianza hacia el sistema judicial.
Construyendo un sistema que funcione
Combatir la violencia digital requiere un enfoque integral:
- Fortalecer la formación de servidores públicos: Capacitar a fiscales, policías cibernéticos y jueces en el uso de tecnología avanzada.
- Diseñar protocolos claros: Establecer lineamientos técnicos para la investigación de casos relacionados con inteligencia artificial.
- Ampliar las opciones de justicia: Explorar mecanismos administrativos, civiles y laborales para atender las necesidades de las víctimas.
- Invertir en tecnología: Equipar a las fiscalías con herramientas que permitan rastrear y analizar evidencia digital.
La sentencia absolutoria en el caso de Diego N. no representa una derrota definitiva. Es un llamado urgente para que activistas, legisladores y la sociedad trabajen en conjunto para construir un marco legal que proteja a las víctimas y garantice justicia real.
Más allá de las leyes, construir confianza
La indignación por este fallo es comprensible, pero también debe convertirse en motor de cambio. La violencia digital no puede enfrentarse únicamente con leyes mal diseñadas. Requiere un sistema funcional que ofrezca justicia y reparación a las víctimas, y que detenga la impunidad que hoy domina estos casos.
Es momento de pasar del populismo legislativo a acciones concretas y efectivas. Solo así lograremos un sistema que realmente proteja a quienes enfrentan estas violencias.
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