La tensión entre el Gobierno federal y Uber México escaló este miércoles, luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) condenara públicamente el incremento de tarifas anunciado por la plataforma de transporte. El ajuste, de hasta un 7% en algunas ciudades del país, fue justificado por Uber como consecuencia directa de la nueva reforma laboral para plataformas digitales.
Pero la STPS desmintió de inmediato esta justificación: “No hay sustento alguno para que se incrementen las tarifas en este momento”, sentenció la dependencia en un comunicado. Además, recordó que Uber y otras plataformas firmaron un acuerdo para no alterar precios durante la fase piloto del nuevo modelo laboral.
“El modelo de negocio de Uber extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de operación”, apuntó la STPS.
¿Qué implica la reforma laboral digital?
La reforma laboral para plataformas digitales, que entró en vigor hace apenas dos semanas, busca incorporar a repartidores, conductores y otros colaboradores de apps al régimen de seguridad social. Con esta medida, el Gobierno pretende garantizar condiciones laborales dignas y proteger los derechos de quienes laboran bajo esquemas digitales.
Uber había participado en las mesas de trabajo previas a la implementación del modelo piloto, comprometiéndose a no afectar a consumidores ni trabajadores durante la etapa de prueba. Sin embargo, con el reciente aumento, el Ejecutivo acusa a la empresa de actuar con irresponsabilidad y romper los acuerdos.
Anuncian operativos con Profeco para evitar abusos
En respuesta al incremento, la STPS informó que llevará a cabo operativos en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Estas acciones tendrán como objetivo identificar prácticas irregulares o injustificadas que afecten directamente a las personas usuarias.
Por su parte, Profeco emitió un exhorto formal a Uber, recordando que:
- Toda modificación en precios debe ser informada previamente a los usuarios.
- El consentimiento debe ser explícito antes de aplicar nuevos cobros.
- El artículo 7 de la ley obliga a respetar condiciones y precios previamente pactados.
Una disputa con repercusiones sociales y políticas
Este conflicto no solo implica una disputa regulatoria. También refleja el pulso entre el Gobierno de México y las grandes tecnológicas que operan bajo modelos laborales flexibles, muchas veces a costa de los derechos de sus colaboradores.
La narrativa oficial es clara: ninguna empresa podrá trasladar los costos de la reforma laboral a usuarios o trabajadores sin enfrentar consecuencias. El mensaje de la STPS fue contundente: no permitirán que se vulneren los principios de justicia social que fundamentan el nuevo marco legal.
¿Qué sigue para Uber en México?
Aunque Uber no ha respondido públicamente a la advertencia del Gobierno, se espera que en los próximos días se den a conocer los resultados de los operativos de verificación. De hallarse violaciones a la ley, podrían imponerse sanciones o incluso medidas más severas.
Mientras tanto, usuarios en redes sociales ya expresan molestia por el alza en los precios, mientras trabajadores de la plataforma manifiestan incertidumbre sobre cómo afectará la reforma a sus ingresos reales.
