Una alarmante estadística revela una crisis de confianza en Tijuana: la ciudad lidera las quejas por abuso policial en todo Baja California. Las denuncias más graves y frecuentes son por tortura y detenciones arbitrarias, minando la relación entre ciudadanos y autoridad.
La policía en el banquillo de los acusados
Mientras las autoridades de Tijuana reportan avances en la contención de algunos delitos de alto impacto, una cifra preocupante revela una profunda fractura en la relación entre la policía y la comunidad. Tijuana se ha posicionado como el municipio de Baja California con el mayor número de quejas por abuso policial, según datos oficiales.
Lo más grave no es solo la cantidad, sino la naturaleza de las denuncias. Las acusaciones más comunes que pesan sobre los agentes de la policía municipal son por tortura y detenciones arbitrarias, dos de las violaciones a los derechos humanos más serias que puede cometer un agente del Estado.
Esta situación ha generado un clima de desconfianza y miedo entre la población, que en muchos casos teme tanto a los delincuentes como a quienes deberían protegerlos. La percepción de inseguridad, como señalan organismos ciudadanos, se mantiene alta a pesar de que las estadísticas de ciertos crímenes, como el homicidio, muestren una ligera baja.
La polémica de los «retenes»
La crisis de confianza se vio agravada por la implementación de retenes policiales en diversos puntos de la ciudad. Estos puntos de control, justificados como una medida para combatir la delincuencia, se convirtieron en una fuente constante de denuncias por extorsión y abusos de autoridad.
La presión ciudadana y la evidencia de las malas prácticas fueron tales que las autoridades municipales se vieron obligadas a tomar una decisión drástica: eliminar los retenes en Tijuana. Esta medida, aunque celebrada por muchos, es también un reconocimiento implícito de que los controles se habían salido de control y estaban causando más problemas de los que resolvían.
«Bajamos la instrucción de NO retenes», declaró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), en respuesta a las crecientes denuncias de presuntos abusos policiales.
¿Quién vigila a los vigilantes?
El problema del abuso policial en Tijuana plantea una pregunta fundamental: ¿Quién vigila a los vigilantes? Si bien la ciudad se prepara para incorporar 44 nuevos policías en septiembre y se han implementado restricciones sobre el uso de licencias de armas para servicios privados, el reto principal parece estar en la depuración y supervisión de los elementos en activo.
Para que cualquier estrategia de seguridad sea exitosa, es indispensable reconstruir el lazo de confianza con la ciudadanía. Esto implica una política de cero tolerancia a la corrupción y al abuso, investigaciones internas transparentes y sanciones ejemplares para los malos elementos.
Mientras los ciudadanos de Tijuana sigan percibiendo a su policía como una amenaza en lugar de un aliado, la verdadera paz y seguridad seguirán siendo una meta lejana, sin importar lo que digan las estadísticas.
