El desvío de cadáveres en Tijuana se ha convertido en el centro de una grave denuncia que sacude a Baja California. Representantes de más de 24 casas funerarias alzaron la voz para acusar a funcionarios de la Fiscalía estatal de operar un presunto esquema ilegal que intercepta cuerpos —incluso de muertes naturales— para canalizarlos a una funeraria privada específica, vulnerando la ley y el derecho de las familias a decidir.
La acusación no es menor: el gremio funerario asegura que agentes ministeriales y peritos actúan como intermediarios de un “negocio redondo”, utilizando su investidura para intimidar a los deudos y favorecer a una funeraria que, según los denunciantes, opera de manera irregular.
Interceptar cuerpos y sembrar miedo en hospitales y domicilios
De acuerdo con los testimonios, el modus operandi inicia en clínicas, hospitales y domicilios particulares. Bajo el argumento de “investigación”, los funcionarios interceptan cuerpos que ya cuentan con certificado médico de defunción por causas naturales, un procedimiento que legalmente no requiere intervención de la Fiscalía.
Héctor Abasolo, director funerario, describió la práctica como una forma de extorsión institucional. Según explicó, se les hace creer a las familias que, si no aceptan los servicios de la funeraria “recomendada”, el cuerpo será enviado al Servicio Médico Forense (Semefo), retrasando el proceso y generando angustia adicional.
Una casa particular usada como depósito ilegal
Uno de los puntos más alarmantes del desvío de cadáveres en Tijuana es que los cuerpos no son trasladados a instalaciones oficiales. En su lugar, son llevados a una casa particular adaptada como depósito funerario, la cual opera con horarios restringidos y sin los controles sanitarios ni legales correspondientes.
Alejandra Alamillo, representante de una funeraria afectada, denunció que todas las empresas deben acudir a ese domicilio para recuperar los cuerpos, pagando cuotas que no están respaldadas por ninguna normatividad. En la práctica, aseguran, funciona como una “aduana ilegal” que lucra con cada fallecimiento.
Violaciones a la ley y a la medicina forense
Especialistas en medicina legal y exfuncionarios del sector salud han advertido que este procedimiento viola de forma directa las normas vigentes. La Fiscalía no tiene facultades para levantar cuerpos en casos de muerte natural que ya cuentan con certificado médico, y mucho menos para resguardarlos en propiedades privadas.
Estas acciones, señalan, no solo constituyen abuso de autoridad, sino que ponen en riesgo la cadena de custodia, la dignidad de los fallecidos y la salud pública. Además, distorsionan el mercado funerario mediante competencia desleal, al otorgar privilegios ilegales a un particular.
El gremio funerario exige intervención inmediata
Ante la gravedad de los hechos, los representantes de las casas funerarias hicieron un llamado urgente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a la fiscal general del estado, María Elena Andrade, para que se investigue a los mandos medios presuntamente involucrados y se restablezca el Estado de derecho.
El gremio advirtió que, de no detenerse estas prácticas, las protestas podrían escalar. Para ellos, el desvío de cadáveres en Tijuana no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que ha normalizado la extorsión desde las instituciones encargadas de impartir justicia.
Morir en Tijuana, un negocio forzado
La frase que más se repite entre los denunciantes es contundente: “Hoy en día, morir en Tijuana se ha convertido en objeto de extorsión institucional”. Para las funerarias, el daño no es solo económico, sino social y ético. Se trata de aprovechar el momento de mayor vulnerabilidad de una familia para imponer servicios, tarifas y decisiones.
Este presunto esquema también erosiona la confianza ciudadana en las autoridades, pues coloca a la Fiscalía —encargada de procurar justicia— como un actor central en un negocio ilegal que debería ser erradicado, no promovido.
Desvío de cadáveres en Tijuana: una prueba para el Estado de derecho
El desvío de cadáveres en Tijuana representa una prueba crítica para el gobierno de Baja California. La respuesta de las autoridades determinará si se trata de un caso aislado sancionado con firmeza o de una práctica tolerada desde dentro del aparato institucional.
Mientras tanto, el gremio funerario insiste en que no busca privilegios, sino legalidad, transparencia y respeto a las familias. En un contexto donde la violencia y la muerte ya son parte del día a día, convertir los fallecimientos en una fuente de extorsión oficial marca una línea que, advierten, no debería cruzarse jamás.
