El 26 de enero de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó un proyecto que da luz verde al Senado de la República para tomar el control del proceso de evaluación de los aspirantes a jueces. Esta decisión reemplaza al Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ), que había suspendido sus actividades para seleccionar a los jueces que serían considerados en la boleta electoral de junio.
¿Por qué se tomó esta decisión?
La propuesta que llegó al TEPJF fue liderada por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. El proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con el respaldo de Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Sin embargo, los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra. Este cambio responde a la necesidad de que el Senado tome las riendas de un proceso que se había visto empañado por la falta de claridad y las controversias en torno al Comité de Evaluación.
El Senado, como resultado de la decisión, contará con un plazo de 24 horas, a partir de la notificación del fallo, para emitir un acuerdo formal que defina el proceso, los funcionarios responsables y las fechas clave para la insaculación pública de los aspirantes. Este procedimiento, según los requisitos del CEPJ, involucra a un grupo de más de 3 mil candidatos que deberán cumplir con rigurosos criterios de elegibilidad.
¿Qué implicaciones tiene esta decisión para el futuro judicial de México?
La medida tiene implicaciones profundas en la forma en que se elegirán los jueces del país, especialmente por la influencia que podría tener el Senado sobre las decisiones judiciales. El proyecto también establece un “blindaje” en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida desestimar los listados de los candidatos seleccionados. Esto podría dar lugar a una mayor intervención del Senado en la selección final.
Por otro lado, el proyecto también establece que en caso de que la Corte no apruebe los listados, el Senado tendrá la autoridad para remitir las candidaturas insaculadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE). Esto garantizaría que el proceso no se interrumpa nuevamente, como ocurrió con el Comité del Poder Judicial. Los aspirantes seleccionados podrán comenzar sus campañas para formar parte de las ternas finales que competirán por un puesto como jueces.
Cronograma y siguientes pasos en la selección de jueces
De acuerdo con el proceso aprobado, el Senado deberá remitir la lista final de candidatos al INE a más tardar el 12 de febrero. Una vez emitida la lista, los aspirantes podrán llevar a cabo su campaña proselitista, que incluirá spots en radio y televisión, así como folletos informativos que deberán financiar por su cuenta. Este proceso es crucial, ya que determinará qué jueces formarán parte de las ternas que serán sometidas a votación en el Congreso.
Polémicas y desafíos legales
Este cambio no ha estado exento de polémica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había decidido atraer los amparos relacionados con este caso, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad del Comité del Poder Judicial. De hecho, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue asignado para analizar los amparos presentados, lo que agregaba una capa de complejidad al proceso de selección.
El impacto de este cambio será observado de cerca, no solo por la comunidad judicial, sino también por la sociedad en general. La independencia del Poder Judicial en México es un tema recurrente de debate, y cualquier movimiento que involucre al Senado en la selección de jueces tiene el potencial de influir en la percepción pública sobre la imparcialidad del sistema judicial del país.
¿Qué nos depara el futuro?
El futuro del proceso de selección de jueces en México sigue siendo incierto, y las repercusiones de esta decisión podrían extenderse más allá del ámbito judicial. Con la intervención directa del Senado, surge la pregunta sobre cómo se garantizará la imparcialidad y la independencia de los jueces.
El TEPJF y la SCJN deberán mantenerse vigilantes para asegurar que la reforma no comprometa la transparencia del proceso, y que los futuros jueces sean seleccionados con base en méritos y no en influencias políticas.
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