En Michoacán, la violencia y la corrupción parecen haberse arraigado en la vida cotidiana de municipios como Tacámbaro, donde los límites entre el gobierno local y el crimen organizado se desdibujan con alarmante claridad.
El hallazgo de una megafosa clandestina con más de 130 restos humanos en 2022 fue solo el comienzo de una cadena de eventos que ha dejado al descubierto los vínculos entre funcionarios locales y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A un año de ese hallazgo, las investigaciones han revelado una oscura red de complicidad que abarca desde el tesorero municipal hasta las fuerzas de seguridad locales.
Fosas clandestinas y madres buscadoras: el rostro humano de la tragedia
En octubre de 2023, madres buscadoras encontraron 40 osamentas en el fondo de una barranca de Tacámbaro, en un paisaje donde los restos humanos se mezclan con basura y escombros. Margarita López Pérez, líder del colectivo Buscando Cuerpos, denunció la desaparición de más de 600 personas en la región, muchas de ellas atribuidas a enfrentamientos entre el CJNG y Cárteles Unidos.
Estas tragedias se suman a la impunidad que rodea los crímenes, donde las familias de las víctimas no solo enfrentan la indiferencia institucional, sino también el constante peligro que supone desafiar al crimen organizado.
La sombra del CJNG: amenazas y asesinatos
El Cártel Jalisco Nueva Generación ha impuesto su ley en Tacámbaro mediante amenazas directas y actos de violencia. La familia del alcalde morenista Artemio Moriya ha sido blanco constante de ataques:
- En un atentado en el centro del municipio, Ricardo Moriya, hermano del alcalde, sobrevivió, pero cinco personas murieron, incluida una madre buscadora.
- Yoshio Moriya Villaseñor, sobrino del alcalde, fue asesinado meses antes, y otro sobrino fue ejecutado durante su boda en el Registro Civil.
Las amenazas en redes sociales eran explícitas: “Vamos por el presidente Artemio y su familia”. Este clima de terror no solo ha cobrado vidas, sino que también ha profundizado el miedo en la población, que se siente desprotegida y abandonada.
Corrupción en el gobierno local
Con la llegada de Chavo Bastida García como alcalde en 2023, las esperanzas de cambio se desvanecieron rápidamente. Entre los primeros escándalos estuvo el pasado criminal de su tesorero, Ramón Raudel Campos Murillo, quien fue acusado de trata de menores en Estados Unidos.
Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el tesorero y altos mandos de seguridad pública municipal participaban en reuniones habituales con líderes del CJNG, estableciendo una red de colaboración para actividades delictivas.
Cargos implicados:
- Ramón Raudel Campos Murillo (extesorero).
- Edgar Raúl Flores Silva (director de seguridad pública).
- Gabriel Villaseñor Zamudio (subdirector de seguridad pública).
La transformación pendiente
Tacámbaro es un reflejo doloroso de los retos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La falta de respuestas claras por parte de las autoridades y el colapso de las instituciones locales plantean preguntas urgentes:
- ¿Cómo se puede garantizar la justicia en un entorno donde las autoridades están comprometidas?
- ¿Qué papel debe jugar el gobierno federal para recuperar el control en municipios como Tacámbaro?
La “transformación” prometida en este municipio sigue siendo una promesa vacía mientras los ciudadanos lidian con la violencia, la impunidad y la corrupción institucionalizada.
Reflexión: ¿un camino hacia la esperanza?
Tacámbaro no es solo una tragedia local, sino un recordatorio de los desafíos nacionales. Resolver esta crisis requerirá algo más que cambios superficiales: se necesita voluntad política, justicia independiente y una verdadera transformación que priorice a las víctimas y restaure la confianza en las instituciones.
Mientras tanto, las madres buscadoras, con su valentía, continúan siendo el faro de esperanza en una lucha que no debería ser solo suya, sino de todo México.
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