El pasado 5 de febrero de 2025, la vida de Rosaura y de su familia fue truncada de manera violenta e inesperada, dejando a la sociedad mexicana y a las autoridades con una pregunta angustiante: ¿cómo fue posible que su agresor, Marco Antonio M.G., un expolicía, quedara en libertad tras múltiples denuncias de violencia? En un contexto de violencia de género, este caso subraya la importancia de las decisiones judiciales y la falta de protección que enfrentan las víctimas de feminicidio en México.
La historia de Rosaura: víctima de un sistema judicial que falló
Rosaura tenía 26 años cuando fue asesinada junto a su madre y su hermano en el municipio de Azoyatla, en Mineral de la Reforma, Hidalgo. El agresor, Marco Antonio, un policía en activo en el momento de los hechos, había sido previamente denunciado por Rosaura por violencia física, psicológica y acoso. A pesar de las pruebas y de las amenazas de su agresor, la justicia no actuó a tiempo.
La tragedia comenzó a gestarse meses antes, cuando Marco Antonio fue denunciado por Rosaura. A pesar de que el Ministerio Público se opuso en noviembre de 2024 a la liberación condicional de Marco Antonio, este finalmente fue liberado, lo que permitió que continuara con su agresión. El 5 de febrero, el exagente regresó al domicilio de Rosaura, donde perpetró el asesinato de tres personas, incluidos su madre y su hermano, usando un arma punzocortante.
La controversia sobre la liberación del agresor
El procurador interino de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, defendió la actuación de la Procuraduría y del Ministerio Público, asegurando que la oposición al proceso de suspensión condicional fue una postura firme. Sin embargo, el hecho de que una jueza haya autorizado la liberación de Marco Antonio ha generado una ola de indignación y reclamos por parte de la sociedad y los familiares de Rosaura.
La jueza Janeth Montiel Mendoza defendió su decisión de permitir la liberación condicional del agresor, alegando que no hubo oposición en el procedimiento, ni por parte de la víctima ni del Ministerio Público en ese momento. Este hecho ha puesto en duda la efectividad de las medidas de protección judicial y el cumplimiento de las normativas en casos de violencia familiar.
Feminicidio y la crisis de justicia en Hidalgo
Rosaura y su familia no son los únicos casos que reflejan un fallo en el sistema judicial en Hidalgo. En lo que va del 2025, se han registrado al menos ocho feminicidios en la entidad, un dato alarmante que subraya la necesidad urgente de tomar medidas para proteger a las mujeres y brindar justicia pronta y efectiva. El caso de Rosaura se suma a la creciente preocupación por la violencia de género en el estado.
Los ciudadanos de Hidalgo han solicitado que se haga justicia y que los responsables, tanto los agresores como los funcionarios involucrados en el proceso judicial, enfrenten las consecuencias de sus acciones. La falta de medidas eficaces para evitar la liberación de agresores y la continua violencia de género refleja una crisis de justicia en la región.
¿Qué podemos aprender del caso de Rosaura?
El caso de Rosaura pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar el sistema judicial para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género. Es esencial que las decisiones judiciales sean tomadas con un enfoque de género que priorice la seguridad de las mujeres, así como la implementación de medidas preventivas que protejan a las víctimas de la violencia.
Las autoridades y los ciudadanos deben unirse para exigir una justicia más eficaz y que, finalmente, prevenga tragedias como la que vivió Rosaura y su familia. Es necesario que los sistemas judiciales actúen con celeridad, priorizando la protección de las víctimas y evitando que los agresores sigan siendo una amenaza para sus víctimas.
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