El análisis del presupuesto 2026 de Yucatán inicia este jueves en el Congreso local en medio de inquietudes del sector empresarial. Desde hace varios días, cámaras y organismos del ramo advirtieron posibles efectos negativos en la competitividad del estado. Hoy, el gobierno de Joaquín Díaz Mena salió a aclarar varios puntos del paquete económico para tratar de bajar la tensión.
La administración estatal asegura que no se están creando nuevos impuestos, ni regresa la tenencia vehicular, como circuló en versiones preliminares. Según el gobierno, el paquete económico, planteado por más de 66 mil millones de pesos, fue diseñado con una lógica de “justicia social, igualdad y bienestar”, donde cada peso recaudado se regresa en forma de salud, seguridad, programas sociales e infraestructura.
El tema que generó ruido entre empresarios es la actualización del Impuesto Sobre Nómina (ISN), que pasa de 3% a 3.75%. De acuerdo con el Ejecutivo, el ajuste tiene un esquema progresivo “justo y proporcional”. De las más de 20 mil empresas registradas en Yucatán, solo alrededor del 4%, aquellas con mayor fortaleza económica, pagarán el aumento completo. El 96% restante, integrado principalmente por micro y pequeñas empresas, tendrá estímulos fiscales para reducir su impacto.
El gobierno insiste en que la medida no recaerá sobre los trabajadores: el ISN no descuenta salarios ni afecta prestaciones. El mensaje oficial es que “lo recaudado los beneficia directamente”, pues los recursos se destinarán exclusivamente al subsidio del transporte público Va y Ven, utilizado diariamente por miles de empleados para trasladarse a sus centros laborales. El Ejecutivo recalca que los ingresos adicionales no se usarán para otras obras, sino para evitar que el costo del transporte se cargue al bolsillo ciudadano.
Defienden sentido social del presupuesto
Además del tema fiscal, el gobierno defendió la orientación del presupuesto y detalló algunos rubros prioritarios: más de 6 mil millones en programas sociales para mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos y pescadores; otros 6 mil millones para salud, incluyendo inversión histórica en hospitales y centros de atención comunitaria; más de 3 mil millones para infraestructura urbana y municipal; y 4 mil 700 millones para seguridad, con el objetivo de mantener los indicadores de tranquilidad que distinguen al estado.
En su posicionamiento, el Ejecutivo afirmó que la actualización del ISN no afecta la competitividad ni la generación de empleos. Por el contrario, aseguró que Yucatán sigue siendo “un estado confiable y estable para invertir” por su seguridad, logística y facilidades para abrir negocios. También destacó que las nuevas grandes obras impulsadas desde el gobierno “beneficiarán a las empresas y generarán más empleos de calidad”.
Aunque el intercambio entre autoridades y empresarios seguirá abierto, el gobierno reiteró su disposición al diálogo “poniendo al centro a las familias yucatecas” y garantizando que el bienestar llegue primero a quienes más lo necesitan.
