Las calles del oriente del Estado de México amanecieron bloqueadas por decenas de camiones cisterna. Los conductores, conocidos como piperos, aseguran que los recientes operativos contra el “huachicol” de agua los han dejado sin sustento y con la incertidumbre de perder su fuente de ingreso.
La tensión se desató tras la “operación caudal”, ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad estatal, con el objetivo de desmantelar una red de comercio ilícito de agua potable.
El operativo, realizado el viernes pasado, se extendió por 48 municipios, asegurando 189 inmuebles y más de 330 pipas utilizadas para el transporte y venta del líquido.
“No somos criminales, solo trabajamos”: la voz de los piperos
Desde las primeras horas de la mañana, avenida Central y la carretera México-Texcoco se convirtieron en escenarios de protesta. Entre los manifestantes, las historias se repiten: “Llevamos años trabajando de manera honesta”, dice José Ramírez, quien transporta agua en Nezahualcóyotl desde hace dos décadas.
“Nos pintan como ladrones, pero nosotros llevamos agua a colonias donde nunca llega la red municipal”, agrega.
Los piperos aseguran que muchos de los pozos clausurados abastecían zonas marginadas, donde el servicio público es irregular o inexistente.
Las autoridades, sin embargo, sostienen que gran parte de estas tomas provenían de redes clandestinas, operadas por grupos que lucraban con el agua destinada al consumo público.
La operación “caudal”: un golpe al robo de agua en el Edomex
La FGJEM informó que la operación buscó romper la cadena de comercio ilícito de agua, un delito que ha crecido en los últimos años debido a la escasez del recurso.
En municipios como Ecatepec, Chimalhuacán y Valle de Chalco, la extracción y venta ilegal del líquido se convirtió en una industria paralela, controlada por organizaciones que se disfrazaban de sindicatos y ofrecían “servicios de distribución” a colonias enteras.
Durante la operación, la Fiscalía decomisó pipas, bombas y tanques, y clausuró varios pozos perforados sin permisos. Se estima que algunos grupos llegaban a generar millones de pesos mensuales mediante la venta del agua sustraída.
Bloqueos, pérdidas y diálogo pendiente
Mientras los camiones paralizan las avenidas principales, los propietarios de locales de agua purificada se suman a las protestas, temiendo el desabasto que afectará sus negocios.
El gobierno estatal ha pedido paciencia y ha anunciado mesas de diálogo para regularizar a los transportistas que operen de manera legal, pero los manifestantes exigen que primero se les devuelvan las unidades retenidas.
“Queremos trabajar, pero sin que nos traten como delincuentes”, grita una mujer desde el techo de su pipa estacionada en el bloqueo.
Detrás de cada protesta hay una historia de supervivencia y desigualdad hídrica: mientras unos defienden su derecho al agua, otros buscan frenar un negocio que ha drenado recursos públicos y contaminado la confianza ciudadana.
