La «Operación Liberación», una ambiciosa estrategia del gobierno del Estado de México para repartir bienes decomisados al crimen organizado, ha generado escenas de caos y polémica, revelando la compleja relación entre las comunidades y los grupos delictivos.
Presentada como un acto de justicia popular sin precedentes, la «Operación Liberación» en el Estado de México ha comenzado a mostrar su compleja y contradictoria realidad. La iniciativa, que busca devolver a la gente los bienes incautados a una presunta red de extorsión de la Familia Michoacana, se ha topado con robos, protestas y una realidad social mucho más enrevesada de lo que el discurso oficial sugiere.
La operación, un megaoperativo en 14 municipios del sur del estado, desmanteló una estructura que controlaba por la fuerza los precios de productos básicos como el pollo, la carne y los materiales de construcción. La segunda fase, el reparto de lo decomisado, es donde han surgido los problemas.
La Realidad Supera al Discurso
El plan del gobierno, ejecutado por la Secretaría del Bienestar y la Fiscalía estatal, sonaba simple: lo que el narco le quitó al pueblo, el gobierno se lo devuelve. Sin embargo, la ejecución ha sido caótica:
- Robo en Tejupilco: En la granja «Lodo Prieto», cuando las autoridades llegaron para repartir unos 70 borregos y cerdos, descubrieron que los animales ya habían sido robados del inmueble, a pesar de que este se encontraba asegurado y con sellos oficiales.
- Protestas en Sultepec: En este municipio, los pobladores rechazaron recibir los bienes decomisados y, en cambio, protestaron exigiendo la liberación del dueño de uno de los negocios asegurados, argumentando que era inocente y que su detención había dejado sin sustento a varias familias.
La Delgada Línea entre Víctima y Cómplice
Estos incidentes revelan una dinámica social profunda y preocupante. El reparto de bienes es un poderoso acto de teatro político que proyecta una imagen de un gobierno fuerte que hace justicia. No obstante, la reacción de algunas comunidades sugiere que la línea entre el Estado de Derecho y el orden impuesto por el crimen organizado es peligrosamente delgada.
«A través de falsos sindicatos, una banda obligaba a la población del sur del Estado de México a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, cemento y otros productos.» – Descripción del modus operandi de la red de extorsión.
En zonas donde el Estado ha estado ausente por mucho tiempo, los grupos criminales a menudo se convierten en los reguladores de facto de la economía local. Su detención, aunque legalmente justificada, puede desestabilizar un frágil «orden» al que la comunidad, por miedo o conveniencia, se había acostumbrado. La «Operación Liberación» está exponiendo esta cruda realidad, demostrando que combatir la extorsión va más allá de los operativos y requiere una reconstrucción profunda del tejido social y la confianza en las instituciones.
