El caso «Operación Enjambre» ha destapado una red de corrupción que involucra a varios gobiernos municipales del Estado de México y su presunta relación con el grupo criminal La Familia Michoacana. El operativo, que se desplegó a finales de noviembre, ha dejado como resultado la detención de siete funcionarios públicos, entre los que se destacan alcaldes y directores de seguridad municipal, acusados de financiar actividades del crimen organizado.
El Surgimiento del Caso: Operativo de Seguridad en el Estado de México
La historia comenzó a finales de noviembre, cuando un operativo de seguridad fue desplegado en los municipios de Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico, al sur del Estado de México, en donde operaba La Familia Michoacana. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) empezó a recibir informes preocupantes de que algunos funcionarios locales estaban implicados en actividades ilícitas que favorecían a esta organización criminal. Los primeros indicios apuntaban a que, además de otras actividades, estos gobiernos estaban financiando al grupo con recursos públicos.
La Alcaldesa de Amanalco: Corruption y Colusión Directa
Uno de los casos más impactantes de esta investigación fue el relacionado con la alcaldesa de Amanalco, María Elena «N». Según las autoridades, la funcionaria habría sostenido reuniones periódicas con los líderes de La Familia Michoacana, específicamente con los hermanos Johnny «El Pez» y José Alfredo «El Fresa» Hurtado Olascoaga. En estas reuniones, María Elena habría acordado financiar las actividades del grupo criminal mediante recursos públicos de su municipio.
De acuerdo con la investigación, cada acuerdo aprobado por el cabildo local implicaba el pago de 100 mil pesos, mientras que cada trimestre la alcaldesa entregaba 1 millón de pesos. Estos pagos fueron identificados como parte de un esquema de apoyo financiero hacia la organización delictiva. Este financiamiento no solo involucraba dinero, sino también apoyo logístico y territorial.
Implicados y Detenciones: La Respuesta de las Autoridades
El 22 de noviembre, las autoridades federales detuvieron a María Elena «N» y a Manuel Alejandro «N», director de Seguridad Pública de Amanalco, por su presunta responsabilidad en este esquema de corrupción. Ambos fueron vinculados a proceso en diciembre, y María Elena enfrenta acusaciones graves, incluyendo su implicación en homicidios. Actualmente, la alcaldesa se encuentra en prisión preventiva, mientras las investigaciones continúan.
Además de Amanalco, se encontró que otros municipios también tenían relaciones con La Familia Michoacana. En Santo Tomás de los Plátanos, la alcaldesa María del Rosario «N» supuestamente entregaba listas con los nombres de beneficiarios de ayudas sociales a la organización criminal. Aunque los detalles sobre el vínculo con el municipio de Tonatico no han sido completamente esclarecidos, la investigación sigue en curso.
El Impacto en la Seguridad Pública: La Respuesta de Delfina Gómez
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se ha pronunciado sobre la gravedad del caso. Durante un acto en el que se destruyeron armas incautadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la mandataria destacó la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades estatales y federales para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. Además, Gómez hizo un llamado a que los funcionarios públicos respeten sus responsabilidades y actúen conforme a la ley, dejando claro que la lucha contra el crimen organizado en la entidad sigue siendo una prioridad.
El Futuro de la Investigación
A pesar de las detenciones realizadas, la FGJEM sigue buscando a otros siete servidores públicos vinculados con el financiamiento a La Familia Michoacana. Esta situación ha puesto en evidencia no solo la corrupción dentro de algunos gobiernos municipales, sino también la compleja relación entre organizaciones criminales y el aparato estatal en algunas regiones del país.
Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer las instituciones gubernamentales en los niveles locales, a fin de evitar que el crimen organizado continúe infiltrándose en las estructuras de poder y financiando sus actividades con recursos públicos.
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