Morelos continúa con uno de los episodios más graves de violación a los derechos humanos en México. A 11 años de la inhumación ilegal de 119 cuerpos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), las familias de las víctimas denuncian que no existe justicia, no hay responsables sancionados y los delitos cometidos por servidores públicos ya prescribieron. El caso, ocurrido entre 2013 y 2016 y revelado por las irregularidades en las fosas de Tetelcingo, exhibe un sistema incapaz de investigar, sancionar y reparar el daño a las víctimas directas e indirectas que enfrentan una doble revictimización.
El origen del caso Tetelcingo y la inhumación clandestina de 119 cuerpos
El 28 de marzo de 2014, durante la administración del exgobernador Graco Ramírez, la FGE ordenó el entierro de 119 cadáveres en dos fosas dentro de un predio de Tetelcingo, Cuautla. Las fosas no estaban habilitadas como panteón, no contaban con permisos municipales y se cavaron sin protocolos forenses, sin registro adecuado y sin consentimiento de las familias.
Las víctimas, entre ellas Oliver Navarrete Hernández, fueron sepultadas de forma ilegal y clandestina, aun cuando muchos cuerpos se encontraban bajo investigación o en proceso de identificación. Para las familias, esto constituyó una violación directa al respeto a los muertos, a la dignidad humana y a las leyes de inhumación y exhumación.
A partir de un amparo y con el acompañamiento de organizaciones civiles y académicos —como el entonces rector de la UAEM, Alejandro Vera—, se logró en 2016 la exhumación total de los 119 cuerpos. Mientras se trabajaba en el proceso, se evidenció el colapso del Semefo de Morelos: expedientes incompletos, fallas de identificación, negligencia institucional y pérdida de información.
Impunidad estructural: ningún servidor público sancionado
Pese a que la CNDH, en su recomendación 48/2016, señaló la responsabilidad de por lo menos 42 funcionarios de la Fiscalía, hasta hoy ninguno ha sido sancionado penalmente. Dos de ellos incluso fallecieron sin que se determinara su participación, y los demás siguen sin enfrentar consecuencias.
De acuerdo con los familiares de Oliver, las autoridades ministeriales dejaron prescribir los delitos de:
- Violación de las leyes de inhumación y exhumación
- Delitos contra el respeto a los muertos
La primera prescripción ocurrió en octubre de 2024, y la segunda el 8 de diciembre de 2025. A pesar de que las víctimas alertaron a la FGE de Morelos sobre los plazos legales, la institución no actuó con oportunidad, permitiendo la impunidad absoluta.
Para ellas, esto demuestra que hubo desinterés, negligencia y falta de compromiso institucional. “La fiscalía revictimiza una vez más”, señalaron María y Amalia, madre y tía de Oliver.
La lucha de las familias: 12 años buscando justicia sin resultados
El caso no se limita al entierro ilegal. En 2013, Oliver fue secuestrado y asesinado, y su cuerpo quedó bajo resguardo de la FGE, que prometió investigar. No lo hizo. Un año después, fue enterrado de manera clandestina en Tetelcingo.
En diciembre de 2014, gracias a un amparo, su cuerpo fue recuperado. Pero al lograr la exhumación, sus familiares descubrieron que no era un caso aislado, sino parte de una práctica irregular sistemática.
Desde entonces han enfrentado trámites interminables, cambios constantes de ministerios públicos, fiscales que llegan y se van, audiencias sin avances y barreras impuestas por la propia institución obligada a hacer justicia.
Hoy, a 12 años del homicidio de Oliver y a 11 de la exhumación colectiva, la historia sigue marcada por dilaciones, omisiones y prescripción de delitos. Las familias denuncian que ni la actual FGE, encabezada por Fernando Blumenkron, ni el gobierno estatal de Margarita González han garantizado justicia ni reparación.
Un símbolo de ironía y dolor: el 28 de marzo como Día de las Víctimas
El gobierno estatal instauró el 28 de marzo, fecha del entierro clandestino, como el “Día de las Víctimas” en Morelos. Para las familias, esto es una contradicción:
- Se reconoce simbólicamente a las víctimas.
- Pero no se garantiza justicia real.
- Tampoco se sanciona a los responsables.
- Ni se atienden las recomendaciones de derechos humanos.
“¿Ironía, casualidad o burla?”, cuestionan María y Amalia.
Morelos sigue sin justicia para las víctimas
A más de una década, el caso Tetelcingo expone un sistema de procuración de justicia profundamente fallido. La prescripción de delitos, la ausencia de sanciones y la falta de voluntad institucional revelan que en Morelos persiste un patrón de impunidad estructural.
Las familias continúan su lucha, pero las instituciones han convertido su dolor en un expediente archivado. La frase que resume esta tragedia fue pronunciada por Amalia, tía de Oliver:
“En Morelos no existe la justicia para las víctimas de la violencia.”
