La crisis de desapariciones en México no solo golpea a las familias que buscan a sus seres queridos, también las pone en la mira de la violencia. De acuerdo con el informe de Espacio OSC, al menos 25 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2016 y siete más están desaparecidas, tres de ellas aún sin localizar.
El informe, integrado por más de 15 organizaciones civiles como Artículo 19 y el Centro Tlachinollan, revela que la labor de búsqueda se ha convertido en un riesgo de vida en un país donde la desaparición forzada sigue creciendo. Hasta la fecha, 133 mil 33 personas permanecen desaparecidas, lo que refleja una grave crisis forense e institucional.
El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se recuerda que los familiares de víctimas no solo enfrentan la ausencia, sino también amenazas, agresiones y un sistema de justicia que no les ofrece garantías de verdad ni reparación.
Defensores y periodistas también bajo amenaza
El mismo reporte documenta que 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios han desaparecido en relación con su labor. Entre ellos se cuentan 37 defensores de derechos humanos, 25 periodistas y un colaborador, con un saldo alarmante: 23 aún no han sido localizados.
Los estados con mayor riesgo para buscadores y activistas son Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, donde la impunidad se suma a la violencia del crimen organizado.
Casos como el de Sandra Domínguez, encontrada sin vida meses después de su desaparición, o el de Irma Galindo, defensora mixteca que permanece desaparecida desde 2021, son ejemplo del peligro que enfrentan quienes defienden la verdad y la justicia en México.
