San Fernando 2010: un crimen que marcó a México
Hace 15 años, México presenció uno de los crímenes más atroces contra personas migrantes. En agosto de 2010, 72 migrantes —58 hombres y 14 mujeres— fueron asesinados y hallados atados en una bodega de San Fernando, Tamaulipas. Este hecho ocurrió durante la llamada guerra contra el narcotráfico bajo la administración de Felipe Calderón y evidenció la vulnerabilidad extrema de quienes cruzan México en busca de mejores oportunidades.
El hallazgo generó conmoción internacional y abrió los ojos sobre la violencia sistemática que enfrentan los migrantes. Sin embargo, la justicia sigue siendo limitada: sólo dos personas han sido sentenciadas, y aún quedan múltiples preguntas sin responder sobre la responsabilidad de autoridades y redes criminales involucradas.
El contexto de violencia y desaparición
San Fernando no fue un hecho aislado. La región de Tamaulipas ha sido escenario de masacres y fosas clandestinas, incluyendo los casos de Cadereyta, Nuevo León, y Camargo, Tamaulipas. La violencia contra migrantes forma parte de un patrón de impunidad que involucra al crimen organizado, autoridades locales y posibles intereses económicos.
El informe de la Fundación para la Justicia subraya que la falta de investigaciones integrales y la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) han perpetuado la vulnerabilidad de miles de personas. Denuncias de abusos, incluso sexuales, por parte de funcionarios y la Guardia Nacional reflejan que la protección sigue siendo insuficiente.
Sobrevivientes y familias: el dolor de la impunidad
Para los sobrevivientes y familias de las víctimas, la tragedia no termina. La identificación de los cuerpos ha sido parcial: de las 72 personas asesinadas, 63 han sido identificadas y repatriadas, mientras nueve permanecen sin nombre. La Comisión Forense, creada en 2013 con apoyo de organizaciones civiles, ha permitido avances limitados en la identificación de restos, pero las familias siguen enfrentando obstáculos para acceder a información y justicia.
Eduardo Rojas, coordinador de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia, afirma que a 15 años de distancia la verdad completa no ha sido esclarecida. La masacre de San Fernando evidenció un sistema que falla en proteger a los migrantes y deja a las familias en la incertidumbre.
Impunidad estructural y retos del Estado
El caso San Fernando revela profundas fallas en el manejo de la migración en México. La ausencia de investigaciones integrales sobre funcionarios y nexos con líneas de autobuses involucradas, sumada a la militarización del INM, ha consolidado un escenario de impunidad.
Los crímenes de migrantes en México, como la masacre de San Fernando, siguen siendo un reflejo de la relación compleja entre crimen organizado, autoridades estatales y vulnerabilidad de las personas en tránsito. La protección efectiva sigue siendo un reto pendiente.
Memoria y lecciones pendientes
A 15 años de la tragedia, San Fernando es un recordatorio de la importancia de la justicia y la protección de los derechos humanos de migrantes. Cada víctima representa no solo una vida perdida, sino también la necesidad de un Estado que cumpla su responsabilidad de garantizar seguridad y dignidad.
El caso ha impulsado iniciativas de acompañamiento, repatriación y creación de comisiones forenses, pero los avances son insuficientes frente a la magnitud del daño y la continuidad de crímenes atroces.
San Fernando sigue vigente
La masacre de 72 migrantes no puede ser olvidada. Quince años después, persiste la impunidad y la violencia sistemática. Es un llamado urgente a reforzar la protección de migrantes, garantizar investigaciones transparentes y aplicar justicia efectiva.
San Fernando simboliza el dolor, la lucha por la verdad y la necesidad de un compromiso real del Estado con la seguridad de quienes buscan un mejor futuro en México.
