Uno de los temas prioritarios que deberá atender la Legislatura 18 del Congreso del Estado al regresar de los más de 60 días de receso legislativo es la seguridad en todos sus ámbitos, pero particularmente, la seguridad de los negocios es un flagelo urge fortalecer.
De acuerdo con Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, la extorsión ha sido durante años uno de los principales problemas de seguridad que afecta el desarrollo económico de los negocios locales.
Sin embargo, aunque legislaturas anteriores han abordado este problema mediante el aumento de sanciones, no se ha prestado suficiente atención a otro delito que también impacta a estos establecimientos: el robo hormiga.
Al gobierno le preocupa los indicadores de homicidios, los eventos de violencia, el tras riego de las drogas y las empresas no son sujetas de requerimientos económicos, por parte de los delincuentes
«En Quintana Roo, hemos observado que, además de la extorsión, el segundo delito que más preocupa a las empresas es el robo hormiga. Este delito afecta gravemente a las empresas comerciales y, debido a su naturaleza y a la dificultad para presentar denuncias, se está convirtiendo en un problema serio para la rentabilidad de los negocios», dijo.
Galavíz explicó que el principal problema con este delito es la imposibilidad práctica de poner a disposición a quienes lo cometen, debido a que las cantidades son menores a las estipuladas en la normativa vigente. Por ello, subrayó que es ahí donde los diputados deben entrar en acción.
“En el proceso de presentar denuncias por un representante legal, por el monto de cada uno de los delitos y de los tiempos para la atención del ministerio público, hacen que se desinstala las empresas de todo ese procedimiento
“Son temas importantes que deben de atenderse en la revisión de los procedimientos judiciales, especialmente los legislativos desde el Congreso dentro de una revisión del Código Penal”, mencionó.
En este contexto, hizo un llamado a los diputados a considerar este tipo de modificaciones, que no solo generan beneficios directos para la ciudadanía, sino que también contribuyen a garantizar la seguridad de las pequeñas y medianas empresas en el estado.
“Esos son los objetivos que deben de perseguir las políticas públicas, de seguridad y de análisis por parte de los cuerpos legislativos para poder buscar una solución a los problemas que generan unos malos ciudadanos que medran con el trabajo y la productividad de otros ciudadanos.
“Son momentos en los cuales la sociedad debe mostrarse unida y organizada, para buscar acabar con estos flagelos que le quitan su tranquilidad y que los mantiene una percepción de continuar inseguridad en su vida cotidiana”, destacó.
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