La comisión permanente del Congreso de Quintana Roo convocó a los integrantes de la Legislatura 18 para retomar sus actividades legislativas el próximo jueves 19 de diciembre, esto con la finalidad de dar seguimiento al proceso de aprobación del Paquete Económico 2025, presentado por la gobernadora Mara Lezama como parte de los grandes pendientes.
Como parte de la agenda, además del análisis y discusión del Paquete Económico 2025, se abordarán propuestas impulsadas por la gobernadora en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como impuestos al hospedaje, las cuales serán estudiadas en las comisiones correspondientes.
En caso de ser dictaminadas, las iniciativas se incluirán en el orden del día propuesto por la Comisión Permanente, para someterlas a votación ante los integrantes de la Legislatura durante la sesión extraordinaria programada para las cuatro de la tarde.
El Paquete Económico 2025, presentado por la gobernadora y próximo a someterse a votación, contempla un presupuesto total de $51,474 millones de pesos, de los cuales $14,078 millones provienen de ingresos locales y $37,396 millones de participaciones y aportaciones federales.
En cuanto a los egresos, se prioriza el desarrollo social, la atención a población vulnerable, el fortalecimiento de la seguridad pública, la educación, y la ampliación de servicios básicos como salud y agua potable, entre otros rubros.
El gasto se orientará hacia la racionalidad y disciplina financiera, buscando mejorar las calificaciones crediticias del estado e impulsar la inversión pública.
Votarán ampliación de penas para robo de carros robados
Como parte de los temas contemplados en el orden del día, se ha incluido la votación del dictamen de la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de tipificar el robo equiparado de vehículos arrendados y, de esta manera, incrementar las penas para quienes cometan este delito.
Esta propuesta, también impulsada por la gobernadora Mara Lezama, consiste en modificar la clasificación de este delito, que actualmente se incluye en el marco normativo del estado bajo el concepto de «abuso de confianza», y trasladarlo a la categoría de «robo equiparado».
Con esta modificación, las penas de prisión pasarían de seis meses a siete años, a un rango de entre cuatro y ocho años.
“El abuso de confianza conlleva sanciones menos severas, lo que podría no disuadir adecuadamente a los delincuentes. Sin embargo, al tipificar este delito como robo equiparado en la normatividad vigente, las penas serían más estrictas y proporcionales al valor del bien sustraído, lo que representaría un mayor incentivo para prevenir este tipo de delitos”, destacó Mara Lezama en su iniciativa.
