A partir de este sábado 31 de mayo de 2025, la agresión conocida como «pinchazo» –la administración subrepticia de sustancias mediante un objeto punzocortante– es un delito tipificado en la Ciudad de México, sancionado con penas de dos a cinco años de prisión y multas. La reforma al Código Penal, publicada hoy en la Gaceta Oficial, busca atender el aumento de denuncias ciudadanas por este tipo de ataques.
La Ciudad de México cuenta desde hoy, sábado 31 de mayo de 2025, con un marco legal específico para sancionar las agresiones conocidas como «pinchazos». Tras su publicación en la Gaceta Oficial, entró en vigor la reforma al Código Penal local que tipifica como delito autónomo la administración de sustancias sin consentimiento mediante el uso de objetos punzocortantes, estableciendo penas que van de los dos a los cinco años de prisión, además de multas económicas.
Esta medida legislativa, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, responde directamente al incremento de denuncias ciudadanas sobre este tipo de ataques, que han generado alarma social, particularmente entre usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Detalles de la Nueva Tipificación Penal
La reforma adiciona el artículo 141 Quáter al Código Penal para el Distrito Federal (aplicable en la Ciudad de México). Este artículo define el delito como la acción de administrar, introducir, suministrar o aplicar cualquier sustancia a una persona sin su consentimiento, ya sea mediante engaño o de manera subrepticia (oculta).
Las penas base contemplan de dos a cinco años de prisión y una multa de cincuenta a trescientos cincuenta días. (Una fuente inicial mencionaba solo dos años , pero documentos posteriores y más detallados especifican el rango completo).
Agravantes que Incrementan las Sanciones
La ley contempla circunstancias agravantes que pueden incrementar la pena hasta en una mitad. Estas incluyen :
* El uso de sustancias tóxicas, narcóticas o psicoactivas.
* Poner en peligro la vida o la salud de la víctima.
* Que la víctima pertenezca a un grupo vulnerable.
* Que el delito ocurra en el transporte público.
* Que exista la intención de cometer otro delito posterior al «pinchazo».
* La participación de dos o más personas en la agresión.
* Que el hecho ocurra en un lugar cerrado o de acceso restringido.
Contexto de las Denuncias y Respuesta Institucional
La aprobación de esta ley se da tras semanas de reportes en redes sociales y denuncias formales sobre personas, mayoritariamente mujeres, que sintieron un piquete en el cuerpo seguido de síntomas como mareo, somnolencia y desorientación, especialmente en el Metro.
Según cifras de la fiscalía capitalina, hasta el 14 de marzo (fecha del primer caso reportado en CDMX), se habían confirmado al menos 65 casos de posibles punciones por «pinchazos», y se investigaban otros 55 reportes con lesiones dudosas. Los análisis realizados a algunas víctimas detectaron sustancias como THC y cocaína, aunque no se identificó un patrón único de sustancia utilizada.
«Con 60 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, el Congreso de Ciudad de México aprobó el dictamen que tipifica como delito las agresiones por pinchazos.» – Reporte del Congreso.
La tipificación de los «pinchazos» como un delito específico refleja un esfuerzo de las autoridades por adaptarse a nuevas modalidades delictivas que generan una justificada alarma social. Busca no solo sancionar a los agresores, sino también enviar un mensaje de que este tipo de conductas no serán toleradas y que se busca proteger la integridad de los ciudadanos en los espacios públicos.
No obstante, la naturaleza subrepticia de estas agresiones y la dificultad para identificar a los responsables y las sustancias utilizadas en tiempo real, plantearán desafíos significativos para la investigación policial y la judicialización efectiva de los casos. Será crucial desarrollar protocolos de actuación y periciales especializados para asegurar que la ley pueda aplicarse con rigor.
Se espera que esta nueva legislación tenga un efecto disuasorio y, fundamentalmente, contribuya a una mayor sensibilización y prevención sobre este tipo de violencia, empoderando a las víctimas potenciales y fomentando la vigilancia colectiva.
