La aprobación de reformas constitucionales que suprimen órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), marca un antes y un después en el acceso a la información en México. Aunque este derecho sigue reconocido en la Constitución, el mecanismo para garantizarlo enfrenta interrogantes críticas.
De la autonomía al control institucional
El artículo 6° de la Constitución establece el derecho a la información como una prerrogativa básica de los mexicanos. Sin embargo, con el cambio normativo, la responsabilidad de garantizar este derecho recaerá directamente en las instituciones y autoridades sujetas a escrutinio.
La ausencia de un organismo autónomo podría derivar en conflictos de interés, al no existir un árbitro imparcial que supervise el cumplimiento del acceso a la información.
Un cambio para las generaciones digitales
México ha avanzado significativamente en la construcción de un ecosistema informativo plural, permitiendo a sus ciudadanos ejercer sus derechos políticos en un marco de transparencia. Sin embargo, las nuevas generaciones de «nativos digitales», acostumbradas a obtener información de manera inmediata, podrían enfrentarse a barreras en un sistema donde la disponibilidad y confiabilidad de los datos ya no están garantizadas por un ente autónomo.
Retos para la legislación secundaria
El Congreso tiene 90 días para emitir las leyes secundarias que definirán el nuevo modelo de acceso a la información. Algunos de los retos que enfrentan son:
- Mecanismos efectivos de revisión: Se necesita una instancia confiable que resuelva inconformidades de ciudadanos.
- Garantía de progresividad: Asegurar que los avances en transparencia y acceso a la información no retrocedan.
- Fortalecimiento tecnológico: Implementar plataformas digitales accesibles y seguras que respondan a las necesidades informativas de la ciudadanía.
- Protección de otros derechos: Evitar que la falta de acceso a la información afecte libertades como la expresión y la participación electoral.
La importancia del principio de progresividad
El principio de progresividad establece que los derechos humanos no pueden ser disminuidos ni vulnerados. Retrocesos en transparencia no solo afectarían el derecho a la información, sino que podrían erosionar pilares fundamentales de la democracia, como la libertad de expresión o el ejercicio informado del voto.
¿Un modelo para la participación ciudadana?
El éxito del nuevo modelo dependerá en gran medida de la participación activa de la sociedad. Desde el monitoreo del cumplimiento de las leyes secundarias hasta la exigencia de mecanismos transparentes, los ciudadanos tienen un papel central en la construcción de esta nueva etapa democrática.
Es imperativo que las voces críticas y las organizaciones sociales se mantengan vigilantes, asegurando que la transformación del sistema no represente una regresión, sino un paso hacia adelante.
¿Hacia dónde vamos?
El camino hacia un México más transparente y democrático está en manos de sus legisladores y ciudadanos. Fortalecer el principio pro persona y la progresividad de los derechos será crucial para evitar retrocesos que puedan costar décadas de lucha social.
La oportunidad es única: establecer un marco normativo que asegure el acceso a la información como base de la confianza y la participación ciudadana en los próximos años.
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