Tres amparos colectivos presentados en Tabasco, Zacatecas y Ciudad de México encendieron la polémica al incluir a los hijos de Andrés Manuel López Obrador y a personajes vinculados con la corrupción en aduanas y el huachicol fiscal. Aunque ni los hijos del exmandatario ni sus abogados reconocen haberlos promovido, la justicia federal ya concedió suspensiones provisionales.
Los hijos de AMLO y su deslinde público
Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, Gonzalo López Beltrán y José Ramón López Beltrán figuran en los expedientes. Todos han negado su participación, asegurando que su inclusión responde a una posible suplantación de identidad.
César Alejandro Reyna Carrillo: el estratega tecnológico de las aduanas
Exadministrador de la ANAM, fue señalado por manipulación en sistemas de control aduanero para favorecer contrabando. Su nombre aparece en la red de huachicol fiscal.
Juan Carlos Madero Larios: el operador protegido
Pese a reportes de la Sedena que lo vinculaban con contrabando de hidrocarburos, permaneció en la ANAM gracias a conexiones políticas y familiares.
Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”
Exoficial de la Marina, prófugo y señalado como líder de una red de huachicol fiscal. Se le relaciona también con tráfico de fentanilo y lavado de dinero en casinos.
Diana Heleyn Foullon Gómez, “Lady D”
Hija de un exalto mando de la ANAM, su figura era considerada indispensable en la toma de decisiones dentro del sistema aduanero mexicano.
Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”
Empresario tamaulipeco ligado al CJNG y al Cártel del Golfo. Sus buques han sido decomisados con millones de litros de combustible ilegal.
Fernando Farías Laguna: la red en Altamira y Tampico
Contraalmirante señalado por coordinar operaciones ilegales de combustible en puertos de Tamaulipas. Tiene orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.
Otros operadores clave
Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela Morales, Ismael Ricaño Matías y Anatalia Joselin Gutiérrez aparecen como piezas secundarias de una estructura que involucraba a verificadores y funcionarios en el ingreso ilícito de hidrocarburos.
