El gobierno de México prepara una nueva ampliación del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos popularmente como autos chocolate, con el fin de extender su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. La iniciativa aparece en un anteproyecto publicado en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Conamer) y está firmada por los secretarios de Hacienda y Economía, Edgar Amador Zamora y Marcelo Ebrard.
El documento sostiene que el programa ayuda a reducir brechas de desigualdad al permitir que miles de familias accedan a un medio de transporte formal, legal y funcional, especialmente en la región norte del país, donde el flujo vehicular desde Estados Unidos es constante.
Qué son los autos “chocolate” y por qué se busca su regularización
Se conoce como autos chocolate a los vehículos usados que ingresan al país sin cumplir con las normas de importación y que suelen circular sin documentación legal. Durante años, este tipo de unidades han sido toleradas en varias regiones, pero su situación jurídica ha generado problemas fiscales, de seguridad y de control vehicular.
Con el programa de regularización, el gobierno busca que estos autos puedan incorporarse al padrón vehicular pagando un monto accesible y demostrando que el vehículo no está relacionado con delitos. A cambio, el país obtiene recaudación, registro oficial y mayor control sobre la circulación.
Un decreto que ha sido extendido más de diez veces
El decreto original que permite la importación definitiva de vehículos usados entró en vigor el 1 de julio de 2011. Desde entonces, ha sido modificado y prorrogado en múltiples ocasiones:
- 31 de enero de 2013
- 30 de enero de 2014
- 31 de diciembre de 2014
- 31 de diciembre de 2015
- 26 de diciembre de 2016
- 28 de diciembre de 2017
- 29 de marzo de 2019
- 31 de diciembre de 2019
- 24 de diciembre de 2020
- 18 de noviembre de 2022 (vigente hasta el 30 de septiembre de 2024)
La nueva propuesta busca que el decreto permanezca activo por dos años más, lo que evitaría que el programa quede suspendido y permitiría la llegada de más propietarios interesados en formalizar sus vehículos.
Argumentos del gobierno para la ampliación
El anteproyecto argumenta que el programa ha servido para dar seguridad jurídica a propietarios e importadores, al permitir que los autos sean registrados legalmente tanto en la franja fronteriza norte como en el resto del país.
Según el documento, la medida también atiende una realidad social: en muchas regiones, especialmente del norte, la población depende de vehículos usados importados como única opción de transporte accesible.
El gobierno también destaca que el decreto promueve la integración económica de América del Norte, ya que solo se pueden regularizar vehículos que tengan número de identificación vehicular (VIN) fabricado o ensamblado en Estados Unidos, México o Canadá, lo que excluye automóviles provenientes de Asia o Europa.
Impacto económico y social del programa
Durante los periodos previos de regularización, estados como Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Coahuila han concentrado el mayor número de trámites. Para muchos municipios, la regularización ha significado ingresos directos, pues parte del recurso se destina a obras públicas locales.
Al mismo tiempo, la formalización de vehículos permite que estos accedan a seguro automotriz, verificación ambiental, placas legales y trazabilidad legal en caso de robo o accidente.
Las autoridades han insistido en que el programa no incentiva la importación masiva, sino que ordena una realidad preexistente: millones de autos ya circulan en México sin registro, por lo que el decreto busca integrarlos al sistema, no abrir la puerta a más comercio irregular.
La frontera norte como zona clave del acuerdo
El documento de la Secretaría de Economía subraya que la frontera norte tiene una dinámica económica particular, debido a su cercanía con Estados Unidos y al flujo constante de bienes, trabajadores transfronterizos y autos usados.
En esta región, los autos de segunda mano son una alternativa frecuente frente a los altos costos del mercado automotriz formal en México, donde el precio promedio de un auto nuevo puede superar los 350 mil pesos, cifra inaccesible para gran parte de la población.
Por ello, el gobierno considera necesario mantener condiciones favorables para la importación definitiva de estos vehículos, siempre y cuando cumplan con normas ambientales y no tengan reporte de robo o alteraciones.
La siguiente etapa: publicación en el Diario Oficial
La ampliación del programa aún no es oficial. Para entrar en vigor, el decreto debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Hasta entonces, el proceso de regularización vigente seguirá operando bajo los lineamientos actuales.
En caso de aprobarse, el programa se extenderá hasta noviembre de 2026, abarcando el resto del actual sexenio y el primer año del siguiente gobierno federal.
La posible extensión del programa de autos chocolate refleja una combinación de factores económicos, sociales y fronterizos que han convertido este tema en una política pública permanente. La regularización no solo beneficia a quienes buscan un transporte legal y accesible, sino que fortalece el control vehicular y la recaudación estatal.
Si el decreto se aprueba, México continuará apostando por una estrategia de ordenamiento gradual, en lugar de prohibición absoluta, reconociendo que la movilidad también es una forma de inclusión social.
