Durante el primer año de actividades de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, la mayor parte del trabajo legislativo estuvo orientada por iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo.
Tras presentar un balance del segundo periodo ordinario de sesiones, que concluyó el pasado 30 de mayo, Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo, dijo que el 80% de los decretos aprobados tuvo su origen en propuestas enviadas desde el Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Mara Lezama.
“Se puede decir que el principal promotor de trabajo legislativo de estos cinco períodos fue el Poder Ejecutivo. Fue, literalmente, el mejor legislador”, expresó.
Mencionó que a lo largo del primer año legislativo ya se han celebrado cinco periodos extraordinarios, los cuales sólo pueden convocarse con objetivos precisos para aprobar iniciativas previamente definidas.
Según Galaviz, en total se han generado 129 decretos durante esta Legislatura, de los cuales 25 corresponden a los periodos extraordinarios. De estos, 21 fueron promovidos directamente por el Ejecutivo estatal, dos por el Ayuntamiento de Benito Juárez y solo tres por legisladores de Morena, con enfoques simbólicos o culturales.
Decretos caros, escasa crítica legislativa
Además, Galaviz detalló que la mayoría de las reformas enviadas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo hayan sido aprobadas sin cambios ni observaciones sustanciales por parte del Congreso, lo que ha derivado en varias impugnaciones por parte de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Diversas propuestas del Ejecutivo han sido impugnadas por contener excesos o violaciones a normas constitucionales. La Ley de Movilidad, la Ley de Expropiación, entre otras 13 reformas, han sido llevadas a la Suprema Corte. El Congreso las dejó pasar sin moverles una coma. Es una muestra de su sumisión”, acusó.
Recordó que, aunque los diputados suelen presumir la presentación de iniciativas como muestra de su productividad, muchas de ellas ni siquiera se trabajan en comisiones. Por eso, dijo, su análisis se centra en los decretos que efectivamente son aprobados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Baja productividad y temas irrelevantes
En el segundo periodo ordinario, el Congreso aprobó apenas 31 decretos, menos de la mitad respecto al primer periodo, lo que el el presidente del observatorio atribuyó a una disminución del trabajo en comisiones y una supuesta directriz interna que obliga a revisar previamente todas las iniciativas en la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
De esos 31 decretos, solo dos fueron enviados por el Ejecutivo estatal, mientras que seis provinieron del grupo parlamentario de Morena y diez fueron promovidos por legisladores de manera individual, aunque con poca relevancia.
“Cinco de esos diez decretos son prácticamente simbólicos: cambio de nombre de comisiones, fechas del Parlamento Infantil o refrendos a medallas. Otros, como los del diputado Jorge Sanén, hablan de justicia social sin explicar cómo lograrla”, criticó.
A excepción de tres iniciativas impulsadas por el diputado Hugo Alday, el análisis concluye que no hubo aportaciones destacables por parte de las bancadas del resto de los partidos políticos.
“El Congreso de Quintana Roo es uno de los más costosos del país, con un presupuesto de más de 530 millones de pesos en 2024. Los decretos que aprueban, en su mayoría impuestos por el Ejecutivo, nos están saliendo muy caros”, expresó.
