“No nos saben decir de dónde salieron estos bebés”. Con esta frase, cargada de dolor e impotencia, una madre buscadora resume la nueva y macabra dimensión de la crisis en las fosas comunes de Jojutla, Morelos, donde colectivos de familiares han denunciado el hallazgo de otros 60 cuerpos, incluyendo los restos de al menos diez infantes.
La tragedia de las fosas de Jojutla, un abismo de dolor y negligencia estatal, se ha hecho aún más profunda. Colectivos de búsqueda integrados por familiares de personas desaparecidas han reportado el descubrimiento de 60 cuerpos adicionales en las fosas comunes del panteón Pedro Amaro, elevando la cifra total de exhumaciones en el sitio a 260.
Sin embargo, el dato que ha helado la sangre de la nación y ha provocado la furia de las familias es el hallazgo de los restos de diez bebés entre los cuerpos recuperados. Este descubrimiento plantea nuevas y aterradoras preguntas sobre el alcance de la crisis forense y de derechos humanos en el estado de Morelos.
La reacción de la Fiscalía General del Estado de Morelos ha sido calificar la información proporcionada por los colectivos como «imprecisa», sin ofrecer hasta el momento datos oficiales que contradigan o confirmen los hallazgos. Esta postura ha ahondado la brecha de desconfianza entre las víctimas y las autoridades.
Un choque entre el dolor y el silencio institucional
El conflicto en Jojutla es un enfrentamiento directo entre la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos y un sistema que, según denuncian, les ha fallado repetidamente. Las familias, que lideran los esfuerzos de búsqueda, acusan a la Fiscalía de incompetencia y falta de transparencia.
«Ni siquiera se dieron el tiempo para identificarlos. No procesan el perfil genético, no se cruza la información genética con el de los familiares que estamos buscando.» – Declaración de miembro de colectivo de búsqueda.
Las familias se reunirán con el fiscal de Morelos para confrontarlo con lo que describen como «inconsistencias» en la investigación, exigiendo acceso a los planes de trabajo y a los protocolos que, aseguran, no se están cumpliendo.
El origen de la fosa: Una crisis creada por el Estado
Es crucial entender que las fosas de Jojutla no son un descubrimiento reciente ni son obra exclusiva del crimen organizado. Se trata de un problema de negligencia estatal que data de años atrás. Desde 2015, se reveló que la propia fiscalía del estado había estado realizando inhumaciones ilegales de cuerpos sin identificar en estas fosas comunes, mezclando víctimas de la violencia con personas fallecidas por otras causas y sin seguir los protocolos legales.
Esta práctica convirtió los panteones en vertederos de cuerpos, creando una crisis forense de proporciones catastróficas. Las exhumaciones actuales son un intento de deshacer el daño, un proceso doloroso y lento que es impulsado principalmente por la tenacidad de las madres y padres buscadores.
La presencia de restos de bebés añade una capa de horror y misterio. ¿Se trata de víctimas de crímenes que nunca fueron investigados? ¿Son neonatos de hospitales que fueron desechados ilegalmente? La incapacidad de la Fiscalía para responder a estas preguntas es lo que más indigna a las familias y a la sociedad. Cada cuerpo recuperado es un grito de justicia; cada bebé encontrado, una pregunta que la autoridad, hasta ahora, se niega a responder.
