El gobierno federal decretó la expropiación de nuevas superficies de tierra en Quintana Roo y Campeche para continuar con las obras vinculadas al proyecto del Tren Maya, de acuerdo con publicaciones emitidas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En el caso de Quintana Roo, el decreto establece la expropiación de 00-37-35 hectáreas de terrenos de temporal de uso común pertenecientes al ejido “Santa Elena”, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco.
El documento señala que las tierras serán destinadas a la construcción de infraestructura ferroviaria, así como a la operación del proyecto Tren Maya y sus obras complementarias. La superficie expropiada quedará a favor de Tren Maya, S.A. de C.V.
Además, el decreto establece que la empresa deberá acreditar el pago de la indemnización correspondiente a las personas que demuestren tener un legítimo derecho sobre los terrenos afectados. El monto será determinado conforme al avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
La ejecución de la expropiación quedará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una vez que Tren Maya, S.A. de C.V. compruebe el cumplimiento del pago indemnizatorio.
En Campeche, el gobierno federal también decretó la expropiación de 04-75-85 hectáreas del ejido “NCPA. Div. del Norte y sus Anexos”, ubicado en el municipio de Escárcega. De esa superficie, 04-73-91 hectáreas corresponden a terrenos de temporal de uso parcelado y 00-01-94 hectáreas son de uso común, según se detalla en el decreto publicado por el gobierno federal.
Al igual que en Quintana Roo, las tierras serán destinadas a obras de infraestructura ferroviaria, operación del Tren Maya y proyectos complementarios asociados al sistema ferroviario en el sureste del país.
El decreto también establece que Tren Maya, S.A. de C.V. deberá cubrir las indemnizaciones correspondientes conforme a los avalúos oficiales y que la Sedatu ejecutará el procedimiento una vez acreditado el pago.
Ambos decretos indican que las expropiaciones se realizan por causa de utilidad pública y entraron en vigor este martes.
