Expropian 20 hectáreas de tierras para el Tren Maya en Quintana Roo y Campeche

 Este viernes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos decretos mediante los cuales el Gobierno federal expropia más de 20 hectáreas de tierras ejidales en Quintana Roo y Campeche para asignarlas al proyecto del Tren Maya, que ahora avanza en su modalidad de carga.

El primer decreto corresponde al estado de Quintana Roo. En él se establece la expropiación de 20.0588 hectáreas de terrenos de uso común del ejido Chunyaxché y Anexos, ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Estas tierras serán destinadas a la construcción de infraestructura ferroviaria, así como a la operación y obras complementarias del Tren Maya.

El documento señala que la expropiación se realiza por causa de utilidad pública, una figura legal que permite al Estado disponer de tierras cuando se trata de proyectos considerados estratégicos. En este caso, el objetivo es fortalecer la red ferroviaria del sureste con énfasis en el transporte de mercancías.

El segundo decreto se refiere al estado de Campeche. Ahí se expropia una superficie menor, de 0.0127 hectáreas, correspondiente a terrenos de uso común del ejido Dzitbalché, en el municipio del mismo nombre. Al igual que en Quintana Roo, estas tierras serán utilizadas para obras vinculadas al Tren Maya y su operación.

Ambos decretos dejan claro que Tren Maya, S.A. de C.V. deberá acreditar el pago de la indemnización a las personas que demuestren tener derechos legítimos sobre las tierras expropiadas. El monto será el que determine el avalúo oficial emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la dependencia encargada de ejecutar formalmente las expropiaciones, una vez que se compruebe que el pago indemnizatorio fue realizado conforme a la ley y con los recursos autorizados.

En los artículos transitorios se establece que los decretos entran en vigor el mismo día de su publicación, por lo que sus efectos legales ya están activos. Esto significa que el proceso administrativo y operativo puede avanzar sin necesidad de plazos adicionales.

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