Durante años, la extorsión se convirtió en una pesadilla silenciosa para miles de mexicanos. Era un delito que crecía mes con mes, alimentado por el miedo y la desconfianza. Sin embargo, desde julio de 2025, el Gobierno Federal puso en marcha una Estrategia Nacional contra la Extorsión que, por primera vez en mucho tiempo, empieza a dar resultados visibles.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que este delito había mantenido una tendencia al alza hasta mediados de 2025. En febrero alcanzó su punto más alto con un promedio de 36 extorsiones diarias. Pero desde julio, cuando comenzó la estrategia, los números empezaron a caer y ya suman tres meses consecutivos de descenso, con una reducción del 14% a nivel nacional.
Según Figueroa, las llamadas al 089 para denunciar intentos de extorsión aumentaron considerablemente, lo que permitió prevenir más de 62 mil casos. Este aumento en la denuncia muestra que las personas están recuperando la confianza en las autoridades y aprendiendo a no ceder ante los delincuentes.
Freno desde las cárceles
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, detalló que buena parte del problema tiene su origen en los reclusorios. Se detectó que solo 12 centros penitenciarios concentraban el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar. Por ello, se decidió atacar el problema desde adentro: bloquear las señales de celular, instalar inhibidores, cámaras, sensores y reforzar la vigilancia en los penales federales y de la Ciudad de México.
Hasta el momento, el 33% de las líneas identificadas ha sido bloqueada. En Altamira, Tamaulipas, se retiraron antenas; en Matamoros, se reemplazaron por sistemas más seguros; y en Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, se implementó el bloqueo total de los servicios 3G y 4G. La meta es que para el primer trimestre de 2026 todos los reclusorios federales y los de la capital tengan este tipo de controles tecnológicos.
Desde el arranque de la estrategia se han realizado 730 operativos en 275 centros penitenciarios, donde se han asegurado teléfonos, chips, drogas y armas. Además, la Dirección de Prevención y Reinserción Social ha llevado a cabo más de 4,600 revisiones ordinarias, en las que se han decomisado más de 84 mil objetos prohibidos.
El fortalecimiento del 089 ha sido otro pilar fundamental, afirmó Omar García Harfuch. Desde julio hasta principios de noviembre, se recibieron más de 83,800 llamadas relacionadas con extorsión. De ellas, el 75% no se consumaron gracias a la intervención de los operadores, quienes acompañaron a las víctimas para cortar la comunicación y evitar que entregaran dinero. También se generaron 2,929 carpetas de investigación que ya están siendo atendidas por las fiscalías locales. Además, en poco más de cuatro meses, la Estrategia Nacional Contra la Extorsión ha permitido detener a 478 personas en 22 estados del país.
