México vivió una jornada electoral sin precedentes el pasado 1 de junio con la celebración de las primeras elecciones populares para seleccionar a más de 2,600 administradores de justicia a nivel federal y estatal. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que la participación ciudadana se situó entre el 12.57% y el 13.32%, con un promedio cercano al 13% de la lista nominal.
La reacción oficial no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, calificaron el proceso como un «éxito democrático» y un evento «histórico». La presidenta Sheinbaum destacó que los 13 millones de votantes representaron una «gran participación», incluso superando el número de votos obtenidos por los partidos de oposición como el PRI y el PAN en las elecciones de 2024. Para el gobierno, esta reforma es una respuesta directa a una demanda popular para erradicar la corrupción y el nepotismo en el poder judicial.
Sin embargo, esta postura oficial contrasta fuertemente con las críticas de la oposición. Partidos como el PRI y Acción Nacional (PAN) han denunciado la elección como una «farsa», un «proceso simulado» y una «imposición». Sus principales preocupaciones giran en torno a la amenaza a la independencia del poder judicial y el riesgo de que el ejecutivo consolide un control excesivo sobre este pilar del Estado. Este choque de narrativas sobre la legitimidad del proceso subraya una profunda polarización política en el país.
Los resultados preliminares para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indican que Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, lidera el conteo con más de 3.3 millones de votos, seguido por Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel. La divulgación de los resultados finales para los ministros de la SCJN se espera para el 3 de junio, mientras que el conteo general de votos concluirá el 10 de junio.
Durante la jornada electoral, el INE reportó 98 quejas relacionadas con las candidaturas judiciales, de las cuales 71 están en trámite y 27 ya fueron resueltas. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 23 denuncias por posibles delitos electorales y 968 llamadas ciudadanas relacionadas con el proceso. Estos incidentes, aunque no invalidan el proceso, alimentan el escepticismo sobre la transparencia y la integridad de la elección.
A pesar de la controversia política interna, el peso mexicano mostró un fortalecimiento frente al dólar estadounidense el 2 de junio. Esta apreciación se atribuyó principalmente al debilitamiento del dólar a nivel global, impulsado por nuevas tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China. Los mercados financieros, en este caso, parecen haber reaccionado más a factores externos que a la incertidumbre generada por la reforma judicial, lo que sugiere una desconexión entre la estabilidad económica a corto plazo y las implicaciones políticas a largo plazo de esta transformación institucional.
«En México cuesta trabajo llevar a la ciudadanía a las urnas.»— Carla Humphrey, Consejera Electoral del INE
En otro ámbito de relevancia nacional, un brote de sarampión ha generado preocupación. Se han reportado 1,789 casos en todo el país, con una alarmante concentración del 93.7% en el estado de Chihuahua, y se han registrado cinco defunciones. Esta situación de salud pública, aunque eclipsada por el debate político, representa un desafío significativo que requiere atención urgente para evitar una mayor propagación y proteger a la población vulnerable.
