El 6 de octubre de 2024, un video de vigilancia captó el abandono del cuerpo desmembrado de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo. A las 4:39 p.m., una motocicleta y una camioneta llegaron a un callejón en la colonia Villa del Roble, donde los asesinos dejaron el cadáver y colocaron su cabeza decapitada sobre el toldo de la unidad. Detrás de este brutal acto yace una compleja red de corrupción y amenazas que pone al descubierto la influencia del crimen organizado en la política local.
Los Ardillos: la sombra tras el poder en Guerrero
Antes de asumir el cargo como alcalde, Arcos Catalán enfrentó una difícil decisión: ceder el control de las secretarías de seguridad y finanzas al grupo criminal Los Ardillos, liderado por Celso Ortega, o enfrentar las consecuencias. Bajo presión, aceptó, sellando su destino en un acuerdo grabado en video.
Este grupo, conocido por su brutalidad y control territorial, usó las grabaciones como garantía de lealtad, asegurándose de que cualquier traición sería castigada. Así, impusieron al capitán Ulises Hernández como secretario de seguridad, quien implementó cambios drásticos en la policía local, removiendo a elementos y colocando a hombres vinculados con Los Ardillos.
Sin embargo, la situación se descontroló cuando el grupo rival Los Tlacos asesinó a Hernández tras un breve periodo en el cargo. Este hecho generó tensiones internas que culminarían en la muerte del propio alcalde.
La traición que selló el destino de Arcos Catalán
Después del asesinato de Hernández, Arcos Catalán intentó recuperar el control político solicitando al gobierno federal un nuevo secretario de seguridad. Esta acción fue vista como una traición por Los Ardillos, quienes citaron al alcalde a una reunión en uno de sus bastiones para «renegociar». Arcos acudió solo, confiado en llegar a un nuevo acuerdo.
Lo que siguió fue una ejecución fría y calculada. Horas después, su cuerpo desmembrado apareció en Chilpancingo. Los asesinos dejaron deliberadamente el celular del alcalde en la camioneta, un acto simbólico que contenía los registros de sus comunicaciones con el grupo criminal, enviando un mensaje claro al gobierno: el narco controla la política local.
Un nuevo alcalde, las mismas alianzas
Tras el asesinato, Gustavo Alarcón Herrera asumió como alcalde interino. En un intento por mantener la estabilidad, nombró al militar Germán Reyes Reyes como encargado de la secretaría de seguridad, un personaje ligado a Los Ardillos desde tiempo atrás.
Sin embargo, Reyes Reyes fue detenido días después, acusado del asesinato de Arcos Catalán. Según la investigación, su implicación parece un montaje. Testigos afirman que el día del crimen estaba en la Ciudad de México. Además, el único testigo clave, un vendedor de dulces que afirmó haber escuchado una conversación incriminatoria, fue asesinado poco después, dejando más preguntas que respuestas.
La videoteca de Los Ardillos: el poder de la información
El verdadero poder de Los Ardillos no radica solo en su capacidad de intimidación, sino en su arsenal de información comprometedora. Fuentes estatales aseguran que el grupo posee una «videoteca» que contiene grabaciones de políticos, funcionarios y empresarios involucrados en acuerdos ilícitos. Este archivo es su seguro contra represalias y una herramienta para mantener el control.
Guerrero: atrapado entre la violencia y la impunidad
El caso de Alejandro Arcos Catalán no es un hecho aislado, sino un reflejo de la profunda infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas de Guerrero. Desde alcaldías hasta secretarías estatales, la corrupción y la violencia parecen ser parte del sistema.
Los Ardillos han demostrado que no solo controlan territorios, sino también personas e instituciones. Mientras los acuerdos entre políticos y criminales continúen siendo la norma, la esperanza de justicia para Guerrero seguirá siendo un sueño lejano.
¿Un camino hacia la justicia?
El asesinato de Arcos Catalán simboliza el costo de desafiar al crimen organizado en México. Guerrero, un estado marcado por décadas de violencia, enfrenta un futuro incierto mientras el gobierno federal y estatal no logren desarticular estas redes de corrupción.
Sin acciones contundentes, grupos como Los Ardillos seguirán operando con impunidad, dejando a la ciudadanía atrapada en un ciclo de miedo y violencia. La pregunta sigue siendo: ¿quién será el siguiente?
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