El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó sobre la detención de un hombre acusado de posesión y difusión de material de pornografía infantil, como resultado de una investigación coordinada a nivel internacional.
De acuerdo con la información oficial, el caso se originó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, la cual fue integrada tras un reporte emitido por la unidad de ciberdelitos de Alemania. En dicho aviso se alertó sobre la detección de archivos con contenido de explotación sexual infantil que estaban siendo almacenados y compartidos desde México.
Derivado de estas investigaciones, fue detenido en Puerto Morelos un hombre identificado como Tomás “N”, de 47 años de edad, originario del estado de Yucatán. El fiscal detalló que se trata del segundo detenido en lo que va del año por este tipo de delitos en Quintana Roo.
Las indagatorias señalan que el imputado almacenó, distribuyó e intercambió al menos 15 archivos con este tipo de contenido, los cuales compartía a través de grupos en redes sociales, utilizando diversas identidades para ocultar su actividad.
Como parte del operativo, las autoridades realizaron un cateo en su domicilio, ubicado en la colonia Villa Morelos. En el lugar fueron asegurados teléfonos celulares, tres memorias de almacenamiento, dos computadoras y dos módems, los cuales actualmente están siendo analizados por peritos especializados para fortalecer la investigación.
El fiscal recordó que el primer detenido del año por este delito fue José Efraín “N”, de 25 años de edad, quien ya se encuentra vinculado a proceso. En ese caso, se le aseguraron 39 archivos, entre fotografías y videos de contenido ilegal.
Con esta detención, suman nueve casos resueltos en Quintana Roo relacionados con la posesión y difusión de pornografía infantil. El imputado fue presentado ante un juez de control, quien determinó prisión preventiva oficiosa, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Raciel López Salazar subrayó que la Fiscalía mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales para combatir los delitos cometidos en entornos digitales, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
