En un contexto donde la seguridad pública sigue siendo uno de los principales retos para México, un dato sorprende: en promedio dos integrantes de la Guardia Nacional fueron denunciados cada día durante 2024, de acuerdo con cifras oficiales. Este dato representa un total cercano a 730 denuncias anuales, un número que genera inquietud sobre los posibles abusos de autoridad, corrupción y otros delitos cometidos por quienes tienen la misión de garantizar la paz y el orden en el país.
A pesar de ello, la percepción de confianza hacia la Guardia Nacional se mantiene elevada, alcanzando un 80.6% según los últimos estudios de opinión. Este nivel de confianza coloca a la corporación como una de las instituciones federales mejor evaluadas por la ciudadanía, sólo por debajo de las Fuerzas Armadas. Este contraste entre la cantidad de denuncias y la buena imagen que mantiene la corporación plantea diversas interrogantes sobre el desempeño real de la institución y la percepción social de la seguridad.
Las cifras detrás de las denuncias a la Guardia Nacional
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las denuncias contra elementos de la Guardia Nacional abarcan desde actos de extorsión, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, hasta casos de desapariciones forzadas. Estas acusaciones provienen principalmente de estados con altos índices de violencia, como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas, donde la presencia de la Guardia Nacional es más constante debido a los operativos contra el crimen organizado.
Especialistas señalan que la cifra de dos denuncias diarias podría estar por debajo de la realidad, pues muchas víctimas no formalizan sus acusaciones por miedo a represalias o desconfianza en el sistema de justicia. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la impunidad en estos casos es un factor que incentiva la repetición de conductas indebidas por parte de algunos elementos de seguridad.
La dualidad entre denuncias y confianza ciudadana
Resulta paradójico que, mientras se registran cientos de denuncias al año, el 80.6% de los ciudadanos dice confiar en la Guardia Nacional, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Expertos en temas de percepción social explican que este fenómeno puede deberse a que los mexicanos ven a la Guardia Nacional como un mal necesario frente a los altos niveles de inseguridad, y a que asocian su presencia con una respuesta contundente del gobierno federal ante el crimen.
Sin embargo, esa percepción positiva no debería opacar la importancia de atender las denuncias de abuso. Para organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es urgente que el gobierno fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas, garantice investigaciones imparciales y sancione los actos de corrupción o violencia cometidos por integrantes de la corporación.
Reacción oficial y medidas para frenar abusos
Ante el incremento en las denuncias, la Guardia Nacional ha señalado que mantiene protocolos internos de control y supervisión, y que existe una unidad de Asuntos Internos encargada de investigar las acusaciones. De acuerdo con el comisario general de la corporación, se han destituido o sancionado a varios elementos que incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos.
No obstante, expertos consideran que estos esfuerzos son insuficientes si no se acompañan de capacitación continua en derechos humanos, mejora de condiciones laborales y establecimiento de un sistema independiente que permita a las víctimas denunciar sin temor. Asimismo, la transparencia en los procesos disciplinarios y la publicación periódica de estadísticas sobre sanciones aplicadas son elementos clave para recuperar la confianza plena de la ciudadanía.
Implicaciones para la estrategia de seguridad en México
La Guardia Nacional es pilar de la estrategia del gobierno federal para pacificar el país. El presidente ha sostenido que su despliegue es esencial para contener la violencia y frenar a los grupos delictivos. Sin embargo, los datos muestran que una parte de sus integrantes podría estar contribuyendo a violaciones a los derechos humanos, lo que pone en entredicho la eficacia de la estrategia actual.
El dilema para el gobierno es claro: mantener a la Guardia Nacional como pieza clave del combate al crimen, pero a la vez garantizar que su actuación no se convierta en un factor que deteriore el respeto a las garantías individuales. Organismos nacionales e internacionales coinciden en que la seguridad no debe estar reñida con los derechos humanos, pues cualquier abuso erosiona la legitimidad del Estado y fomenta la desconfianza a largo plazo.
Conclusión
Las cifras reveladas en 2024 sobre las denuncias contra elementos de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que se mantiene un alto nivel de confianza ciudadana, muestran un fenómeno complejo. Por un lado, la percepción positiva indica que la población ve en esta fuerza una esperanza frente al crimen; por otro, las denuncias exigen atención urgente para evitar que los abusos se normalicen.
El reto para México es lograr que la Guardia Nacional cumpla su misión sin transgredir derechos, mediante procesos de investigación transparentes y una cultura institucional que privilegie el respeto a la legalidad. Solo así se podrá consolidar una corporación confiable, efectiva y respetuosa de la ciudadanía que dice proteger.
