Un Hito Histórico con Sombras
La reforma constitucional en materia del Poder Judicial fue una iniciativa enviada al Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2025, con el objetivo declarado de lograr una impartición de justicia más cercana a la ciudadanía. Este proyecto, impulsado por el oficialismo, fue analizado en foros de parlamento abierto entre el 27 de junio y el 6 de agosto de 2025, discutiendo temas cruciales como la conformación del Poder Judicial, la duración del cargo de jueces y ministros, y la elección popular de sus integrantes.
El proceso legislativo culminó con la aprobación del proyecto de decreto por la Cámara de Diputados el 4 de septiembre y por el Senado de la República el 11 de septiembre de 2025. Una vez obtenida la aprobación de la mayoría de los congresos locales, se emitió la declaratoria de reforma constitucional. Entre las principales modificaciones se encuentran la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de once a nueve, y la disminución de la gestión de los ministros de 15 a 12 años. El cambio más significativo es que los ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina, así como jueces y magistrados de distrito, serán electos por voto popular.
Además, la reforma contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, compuesto por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años. Este nuevo órgano tendrá la facultad de recibir denuncias e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, pudiendo sancionar, amonestar, multar, suspender o incluso destituir a los culpables. La implementación de esta reforma requerirá que el Congreso de la Unión realice adecuaciones a las leyes federales correspondientes en un plazo de 90 días naturales. La renovación de los cargos de elección en los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal de 2027, coincidiendo con la fecha de la elección extraordinaria de 2025 o la ordinaria de 2027.
La Controversia: ¿Democratización o Politización?
A pesar de su presentación como un avance democrático, la reforma judicial ha sido objeto de fuertes críticas. Fuentes como Indice Político la han calificado de «histórica», pero también de «carísima e ilegítima». La principal preocupación radica en la supuesta injerencia política en la selección de candidatos. Los perfiles cercanos al oficialismo, particularmente al partido Morena, dominaron el proceso de preselección. El doctor Julio Ríos Figueroa, profesor de Ciencias Políticas y Derecho del ITAM, señaló que los listados de los comités Ejecutivo y Legislativo estuvieron integrados por personas afines a Morena, quienes controlaron la selección de la mayoría de los aspirantes.
Entre los candidatos que figuran en las papeletas se encuentran figuras con cercanía previa al partido gobernante, como María Estela Ríos, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y Paulina García Villegas, hija de una diputada oficialista, ambas aspirando a ser ministras de la SCJN. Durante la campaña electoral, se observó la aparición de folletos plegables, conocidos como «acordeones», y afiches en paredes que, camuflados como instructivos de voto, promovían nombres de candidatos cercanos al gobierno, instando a votar «en beneficio del pueblo».
Ante estos señalamientos de influencia política, las autoridades electorales, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), han recordado las prohibiciones establecidas, pero hasta el momento no se han emitido sanciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instado al INE y al Tribunal Electoral a intervenir, mencionando la aparición de una «lista de la derecha». La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo un llamado a la población para que «nadie ni nada evite» la deliberación individual de cada votante.
El Impacto en la Confianza Institucional
La presidenta Sheinbaum ha defendido la reforma como un medio para combatir la corrupción judicial y asegurar que la justicia «responda a la justicia», argumentando que históricamente ha favorecido a quienes tienen recursos, dejando desprotegidos a los pobres. Sin embargo, esta situación plantea una contradicción fundamental en el desarrollo democrático de México: la búsqueda de legitimidad popular a través de la elección directa de jueces podría comprometer la independencia institucional y la separación de poderes. El aspecto «carísimo» de la elección, según algunas voces, añade una capa de escepticismo público sobre la eficiencia y la verdadera intención de un proceso electoral de tal magnitud.
Expertos como el doctor Julio Ríos Figueroa advierten que el riesgo de politización de la justicia va de la mano con una «erosión democrática», donde el poder Ejecutivo en México podría adquirir cada vez más funciones y capacidades, mientras se eliminan los frenos y contrapesos. La pérdida de imparcialidad de los juzgadores, según esta perspectiva, podría favorecer al partido en el poder, haciendo «muy difícil que vayan a perder casos que les importen». La futura Suprema Corte deberá resolver asuntos de gran calado, como la prisión preventiva oficiosa, los derechos de las víctimas a reparación, el cumplimiento de sentencias internacionales por parte del Ejecutivo, y las competencias de la Secretaría de Seguridad federal en funciones de inteligencia e investigación. El informe debe presentar ambas perspectivas de manera objetiva, destacando la justificación del gobierno junto a las preocupaciones significativas expresadas por expertos legales, partidos de oposición y observadores internacionales sobre la autonomía judicial y el estado de derecho.
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