La crisis de desapariciones en México: más de 130 mil personas desaparecidas y un desafío sin resolver
Desde el 1 de enero de 2025, México enfrenta una situación alarmante: un promedio de 40 personas desaparecen cada día, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esta cifra coloca al país con un total que ya supera las 130 mil personas desaparecidas, un número que ha ido en aumento constante en los últimos sexenios.
El panorama actual: cifras que alarman
Las cifras oficiales indican que, de las más de 130 mil desapariciones registradas, el 51% (67,482 casos) ocurrieron durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Las entidades con mayor concentración son:
- Jalisco: 15,489 casos
- Estado de México: 14,339 casos
- Tamaulipas: 13,514 casos
- Michoacán: 7,012 casos
- Veracruz: 6,988 casos
- Sinaloa: 6,607 casos
Este panorama refleja la gravedad y la extensión del problema en todo el territorio nacional.
Evolución histórica de las desapariciones en México
Analizando el registro nacional, se observa un incremento preocupante:
- Sexenio de Vicente Fox (2000-2006): 935 desapariciones
- Felipe Calderón (2006-2012): 16,991 desapariciones
- Enrique Peña Nieto (2012-2018): 32,788 desapariciones
- Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): 55,541 desapariciones
- Claudia Sheinbaum (2024-2025): 11,701 desapariciones hasta julio de 2025
Durante el mandato de López Obrador, el 49% de las desapariciones se concentraron en seis estados, destacando la Ciudad de México con 3,655 casos.
Casos emblemáticos y alertas internacionales
En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló un campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán, lo que evidenció la brutal violencia y la posible participación de grupos criminales en desapariciones forzadas.
En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU calificó las desapariciones en México como un crimen de lesa humanidad, activando el artículo 34 para pedir acciones urgentes. Esta declaración generó rechazo por parte de políticos mexicanos, incluyendo al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Respuesta gubernamental y controversias
El 24 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación rechazaron la existencia de desapariciones forzadas sistemáticas en el país, creando tensión con organismos internacionales y colectivos de víctimas.
Posteriormente, el 16 de julio, se publicó una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación.
Críticas de la sociedad civil a la reforma
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) han manifestado que la reforma es insuficiente. María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, señaló que la reforma no contó con la participación de familiares ni un parlamento abierto, y que se enfoca en controlar cifras futuras sin atender desapariciones de larga data.
Aguilar advierte que la intención del gobierno podría ser reducir las cifras oficiales mediante la creación de bases de carpetas de investigación, ya que muchas familias no pueden realizar denuncias formales.
Desafíos para la justicia y la búsqueda de víctimas
El reto principal sigue siendo la identificación de víctimas, la investigación efectiva y la garantía de justicia para familiares. La crisis demanda mayor coordinación institucional, transparencia y compromiso para erradicar esta problemática que afecta a miles de familias mexicanas.
