Los diputados de la Legislatura 18 del Congreso de Quintana Roo, suspendieron nuevamente sus vacaciones para sesionar de manera extraordinaria y aprobar una iniciativa de decreto con la que se le otorga a la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado, total autonomía y gestión en su operatividad.
Esta iniciativa impulsada por el magistrado Heyden Cebada, fue aprobada de manera acelerada desde el pleno por mayoría de los diputados que asistieron con 18 votos a favor y tres en contra.
La rapidez con que se aprobó el decreto causó molestia en varios legisladores, quienes recibieron el documento minutos antes del inicio de la sesión y denunciaron falta de tiempo para su análisis.
Autonomía y fortalecimiento de la Universidad Judicial
De acuerdo con la argumentación de la propuesta, el decreto se alinea con la reforma publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que reconfigura la estructura del Poder Judicial en México.
El magistrado explicó que el decreto aprobado fortalece a la Universidad Judicial, estableciéndola como un órgano con autonomía técnica y de gestión, encargado de diseñar e implementar la formación, capacitación, evaluación y certificación de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, así como de impartir estudios superiores relacionados con el sistema de justicia.
“La Universidad Judicial es responsable de la formación, actuación, capacitación, evaluación y certificación de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado, así como de quienes aspiren a formar parte de este sistema, con excepción de las pertenecientes al Instituto de Justicia Alternativa”, mencionó.
Además, se establece que la universidad contará con personalidad y patrimonio propios para garantizar su autonomía operativa, separándola de la administración directa del Poder Judicial.
Por otro lado, el decreto enfatiza que la administración y carrera judicial estarán a cargo del Órgano de Administración Judicial, el cual deberá organizar los órganos jurisdiccionales, gestionar el ingreso y permanencia del personal y supervisar el cumplimiento normativo. Mientras tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial evaluará el desempeño de magistrados y jueces durante su primer año en el cargo y sancionará conductas indebidas.
Advierten impacto en autonomía y derechos laborales en la reforma judicial
Durante la lectura de la argumentación de la iniciativa, el diputado José Luis Pech, del partido Movimiento Ciudadano, criticó duramente la forma y contenido de la iniciativa, señalando que fue entregada de manera tardía y con poca oportunidad para su análisis.
Además, advirtió que aunque la ley busca armonizar el Poder Judicial local con la reforma federal, presenta graves riesgos para la autonomía judicial y la estabilidad laboral del personal:
“La evaluación del desempeño, que normalmente sirve para promover al personal, ahora podrá ser usada para remover y despedir a empleados, sin criterios objetivos claros, dejando en manos del órgano de administración judicial la facultad de modificar las reglas a conveniencia”, dijo.
El diputado explicó que esta evaluación puede convertirse en una herramienta para el control político y el despido arbitrario.
“La ley no define criterios objetivos para evaluar al personal, sino que permite el libre albedrío de la autoridad superior para cambiar los mecanismos de evaluación a conveniencia y en detrimento de los trabajadores.
“Esta iniciativa vulnera severamente los derechos laborales de los empleados judiciales, poniendo en riesgo su estabilidad y autonomía”, señaló.
