El Congreso de Quintana Roo aprobó este martes 1 de abril, una reforma al Código Penal con la que se amplían los criterios para justificar las lesiones que una mujer pueda causar en defensa propia ante cualquier acto de violencia en su contra o a lo que también se le conoce como legítima defensa.
La reforma, aprobada por unanimidad con 23 votos a favor, fue impulsada por la diputada de Morena, Euterpe Gutiérrez. Su objetivo es evitar que los actos de defensa propia realizados por una mujer violentada en el estado sean considerados excesivos, especialmente cuando su vida corre peligro.
Aunque la legítima defensa ya había sido aprobada por la anterior legislatura, la diputada explicó que la redacción vigente solo permite que toda mujer que sea víctima de un intento de feminicidio, que lesionen o priven de la vida a su agresor, podrían acreditar la legítima defensa ante un juez.
Sin embargo, dicha redacción no incluye a las víctimas de homicidio que no necesariamente están relacionadas con delitos de género, por lo que con esta reforma se incluye a este delito, ampliando el alcance de la legítima defensa.
“Con esta reforma estamos incorporando el delito de homicidio para que cuando una mujer que se encuentre en una situación de riesgo pueda repeler la agresión real actual o inminente.
“Al incluir este delito bajo el supuesto de legítima defensa con perspectiva de género se proporciona un marco legal que puede permitir a las mujeres defenderse sin repercusiones legales indebidas, siempre que la respuesta sea proporcional a la amenaza”, dijo.
En ese sentido, la reforma al artículo 20 del Código Penal establece que una mujer víctima de violencia física o sexual, que pudiera sufrir lesiones o estar en riesgo de ser víctima de homicidio o feminicidio, tenga el derecho de actuar en defensa propia contra su agresor, incluso si esto pone en riesgo la vida del atacante.
“Esto no solo es un avance en términos de protección legal sino también refuerza el compromiso del sistema jurídico con los derechos de las mujeres y la erradicación de violencia de género”, mencionó.
No es una licencia para matar
Tomando como ejemplo el caso de la policía Alina Narciso de Baja California, quien privó de la vida a su pareja cuando estaba siendo golpeada y fue sentenciada a 45 años de prisión, la diputada señaló que el ampliar los criterios para acreditar la legítima defensa permitirá que no haya espacios jurídicos con los que se castigue de manera injusta a las víctimas.
“Ninguno de nosotros debería aceptar como inevitable cuando una mujer se ve obligada a defender su propia vida su integridad física y su libertad sexual de un agresor, cuando actúa no solo por el instinto de supervivencia sino en el ejercicio de un derecho humano fundamental derecho a la vida y a su seguridad.
“La violencia de género puede generar serios problemas en la aplicación de Justicia sin una consideración especial de las circunstancias únicas que enfrentan las mujeres de violencia de género el sistema legal puede ignorar contextos donde la supuesta defensa de una mujer”, dijo.
La diputada explicó que, en la actualidad, las mujeres pueden solicitar la legítima defensa, pero para ello deben cumplir con una serie de criterios que permiten enjuiciar los casos bajo la perspectiva de género y con ello eximir a las víctimas de sus responsabilidades penales. “La propuesta de reforma busca justo eso, simplificar este proceso y asegurar que las mujeres que actúan en defensa propia sean tratadas con justicia, sin importar las circunstancias específicas de su situación”, compartió.
