La conversación sobre la modernización del juego en México ya no es un tema de nicho, ya que impacta a 38 permisionarios que operan 423 casinos en 30 estados, generan 60.000 empleos directos y dejan 13.000 millones de pesos en impuestos cada año.
Pese a ese peso económico, la actividad se rige todavía por la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, un marco creado antes de que existieran las apuestas en línea, los medios de pago digitales o los torneos de eSports.
Como es lógico en un mercado competitivo y con vacíos regulatorios, los usuarios mexicanos comparan incentivos constantemente. Basta ver la popularidad de los casinos que te dan bono de bienvenida para captar nuevos registros. Las promociones son la carta de presentación de operadores que compiten por una base digital en rápido crecimiento.
El tamaño real del pastel y el aporte fiscal
El juego presencial no está solo. El iGaming facturó 2.700 millones de dólares en 2024 y se proyecta que los ingresos de los casinos online brinquen de 160 millones de dólares (2017) a 1 290 millones de dólares en 2028, con más de 6 millones de jugadores para esa fecha. Y a las apuestas deportivas les va a la zaga.
El mismo estudio calcula que los ingresos pasarán de 590 millones a 1.740 millones de dólares en el mismo periodo, impulsados por eventos de alto impacto como la Copa Mundial de 2026 que México co-organiza. Pero ese salto no se entiende sin la infraestructura digital.
En 2024 el país superó los 100,2 millones de internautas, 83,1% de la población, según la ENDUTIH del INEGI. Más conexión equivale a más cuentas registradas, mayores montos apostados desde el móvil y, por supuesto, mayor presión para que la ley alcance a la tecnología.
Solo los casinos en vivo, ruleta, blackjack o póker transmitidos por streaming, ya aportan más de 6.000 millones de pesos anuales al fisco federal, cifra reportada por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta (AIEJA).
Sin embargo, se estima que 60% de las apuestas en línea se realizan en plataformas no reguladas, lo que implica evasión tributaria.
Señales mixtas desde Palacio Nacional
La expectativa de una “política real de Estado” cobró fuerza en 2024, cuando la Secretaría de Gobernación instaló una mesa técnica con AIEJA para elaborar un anteproyecto de ley que unifique impuestos y refuerce la supervisión del online.
Pero en mayo de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum matizó el optimismo al aclarar que, por ahora, no habrá nuevos permisos ni un paquete legislativo inminente, aunque sí controles más estrictos sobre licencias vigentes.
Entre tanto, la industria reclama certidumbre para atraer inversión extranjera y evitar que los ya establecidos operadores legales pierdan terreno frente a la oferta “gris”. La propuesta para unificar los gravámenes federales, estatales y municipales podría duplicar la recaudación anual y cerrar brechas de evasión que hoy rondan los 10.000 millones de pesos.
México tiene un mercado listo para despegar, pero necesita reglas claras que premien la formalidad y castiguen la improvisación. Desde noviembre de 2024 se reúne, dos veces al mes, la mesa técnica formada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la AIEJA, con el mandato de redactar un proyecto que reemplace la Ley Federal de 1947.
Y unifique los 17 criterios regulatorios heredados de los últimos veinte años. El objetivo inmediato es entregar en el próximo periodo ordinario del Congreso un borrador que defina una ventanilla única de licencias, reglas para los juegos en línea y un impuesto federal único, reemplazando la actual maraña de cobros estatales y municipales.
En palabras de Rosa Icela Rodríguez, el nuevo marco deberá garantizar cero corrupción y cero extorsiones en una industria que hoy tributa más que cualquiera otra actividad de servicios. La AIEJA insiste en que un impuesto federal claro y la homologación de requisitos atraerán capital extranjero y consolidarán la inversión local.
De hecho, la propuesta oficial que circula dentro de la mesa prevé que los ingresos por derechos y aprovechamientos se depositen primero en la Tesorería federal y luego se distribuyan a los estados bajo fórmulas de población y recaudación, de modo semejante a los fondos de participaciones.
El nudo crítico es el juego en línea. Seis de cada diez pesos apostados en internet escapan todavía al radar del regulador, según cifras de AIEJA difundidas en enero de 2025. El anteproyecto plantea licencias específicas para iGaming, bloqueo de IP a webs sin permiso y verificación de edad en tiempo real.
Eso además de sanciones que van de los 10 a 50 millones de pesos más clausura definitiva si hay reincidencia. A la vez, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el pasado mayo que no habrá nuevos permisos hasta limpiar el padrón actual, enfatizando controles más estrictos sobre las licencias heredadas.
