En Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE cumple un mes de plantón frente al palacio de gobierno, exigiendo el pago de salarios atrasados desde hace diez años y diversas recategorizaciones pendientes. La protesta se ha mantenido firme a pesar de las presiones del gobierno estatal, liderado por Salomón Jara Cruz, quien asegura que no cuenta con los recursos necesarios para atender estas demandas.
Los supervisores y jefes de sector han denunciado un intento de desalojo por parte de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Ariadna Marisol Osorio Ortiz, secretaria particular del titular Jesús Romero López. La acción ocurrió la noche del martes, cuando se retiró un cordón de seguridad del plantón, generando un enfrentamiento físico con los funcionarios.
Conflicto por traslado del plantón
El gobierno estatal presentó un documento solicitando que los maestros trasladaran su protesta al gimnasio universitario, ubicado a dos cuadras y media del palacio, argumentando la instalación de un tapete monumental por la temporada de muertos. Los docentes rechazaron la medida, pues consideraron que su protesta perdería sentido al alejarla del centro de la acción gubernamental.
Tras el conflicto, los maestros responsabilizaron a Jara Cruz y Romero López de cualquier agresión que puedan sufrir, advirtiendo que la Sección 22 responderá en consecuencia.
Mesa de diálogo y próximas acciones
El gobierno ofreció una mesa de diálogo encabezada por el secretario de Gobierno y el director del IEEPO, Emilio Montero. La reunión duró poco más de dos horas y derivó en una propuesta que será presentada al gremio para su aceptación o rechazo.
Los mentores señalaron que permanecerán vigilantes y preparados para continuar con sus acciones de presión, destacando que su lucha no solo es por salarios atrasados, sino también por la dignidad laboral y el cumplimiento de derechos adquiridos hace años.
Impacto y contexto social
El plantón de la CNTE en Oaxaca no solo visibiliza la deuda histórica del gobierno con los docentes, sino también la tensión que genera la falta de recursos en un estado con retos financieros. Las protestas impactan la movilidad y generan debates sobre la gestión pública de recursos educativos, así como sobre la responsabilidad de la federación y el gobierno local.
