Clausura irregular es el término que ha puesto en el centro del debate a los municipios de Zumpango y Tequixquiac, luego de que el ayuntamiento zumpanguense suspendiera las operaciones de una mina que, según el sindicato que la opera, se encuentra fuera de su jurisdicción y cuenta con todos los permisos legales necesarios. El caso ha escalado rápidamente, generando protestas, incertidumbre jurídica y preocupación entre trabajadores y habitantes de la región.
Una clausura irregular que el sindicato califica como abuso de autoridad
La Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) denunció públicamente que el ayuntamiento de Zumpango realizó una clausura irregular al colocar sellos de suspensión de obra en una mina que, asegura, está ubicada dentro del municipio de Tequixquiac y no en territorio zumpanguense. De acuerdo con el sindicato, la explotación minera cuenta con autorizaciones emitidas por el gobierno del Estado de México y por las autoridades competentes, por lo que la intervención municipal sería ilegal.
En un comunicado difundido por su oficina de prensa, la CTC señaló que esta acción constituye una extralimitación de facultades por parte del gobierno municipal de Zumpango, ya que no tendría competencia territorial ni legal para clausurar una actividad productiva fuera de su demarcación.
El argumento ambiental del ayuntamiento de Zumpango
Por su parte, el gobierno municipal de Zumpango, encabezado por la alcaldesa Roselia Viridiana García Alquicira, justificó la suspensión al señalar que la mina opera dentro del Área Natural Protegida (ANP) conocida como el Parque Estatal para la Protección y Fomento del Santuario del Agua Laguna de Zumpango. Este espacio cuenta con un decreto estatal publicado el 23 de junio de 2003 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México.
Las autoridades locales sostienen que tomarán acciones legales contra sindicatos o empresas que, a su juicio, exploten recursos naturales de manera ilegal dentro de áreas protegidas. Desde esta perspectiva, la clausura busca preservar el entorno ecológico y evitar daños ambientales en una zona considerada estratégica para el equilibrio hídrico regional.
Jurisdicción en disputa y vacío de certeza jurídica
El punto central del conflicto radica en la delimitación territorial. Mientras el ayuntamiento de Zumpango afirma que la mina se encuentra dentro del ANP bajo su influencia, la CTC insiste en que el sitio pertenece al municipio de Tequixquiac, lo que invalidaría cualquier acción administrativa emprendida por Zumpango.
Esta disputa ha generado un clima de incertidumbre jurídica, no solo para la organización sindical, sino también para los trabajadores que dependen directamente de la mina. El sindicato advirtió que este tipo de intervenciones pueden sentar precedentes peligrosos para otras actividades productivas que operan legalmente y que podrían verse afectadas por decisiones similares.
Impacto social y protestas de trabajadores
La clausura no tardó en tener consecuencias visibles. Camioneros y trabajadores vinculados a la mina realizaron bloqueos de vialidades entre miércoles y jueves, afectando la movilidad en la zona. Aunque las protestas se replegaron el viernes, persiste el temor entre la población de que se registren nuevos cierres carreteros si el conflicto no se resuelve.
Para los manifestantes, la suspensión de actividades pone en riesgo fuentes de empleo y la estabilidad económica de decenas de familias. Este componente social ha añadido presión a las autoridades estatales y federales para que intervengan como mediadores y aclaren la situación legal del proyecto minero.
El llamado a las autoridades competentes
Ante el escenario de confrontación, la CTC lanzó un llamado urgente a las autoridades competentes para que revisen los actos del ayuntamiento de Zumpango y garanticen el respeto al marco legal, a las competencias de cada nivel de gobierno y al Estado de derecho. El sindicato subraya que no se opone a la protección ambiental, pero exige que cualquier acción se realice conforme a la ley y con base en dictámenes técnicos y jurídicos claros.
Un conflicto que trasciende lo local
Más allá del caso específico, este episodio refleja un problema recurrente en México: la tensión entre desarrollo económico, protección ambiental y competencias gubernamentales. La falta de coordinación entre municipios y la ambigüedad en la aplicación de normas pueden derivar en conflictos que afectan tanto a la inversión como a la cohesión social.
La presunta clausura irregular de la mina en Zumpango ha abierto un debate complejo que involucra jurisdicción territorial, legalidad administrativa, protección ambiental y derechos laborales. Mientras no exista una resolución clara por parte de las autoridades estatales o judiciales, el conflicto seguirá generando incertidumbre y posibles afectaciones sociales. El caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la coordinación intermunicipal y garantizar que las decisiones de gobierno se apeguen estrictamente a la ley, evitando confrontaciones que dañen a trabajadores y comunidades enteras.
