Tamaulipas: Transformación institucional y apuesta por la minería estatal
Tamaulipas se prepara para un cambio estratégico con la creación de una concesión pública minera que permita reactivar la exploración y producción de materiales de construcción, recursos pétreos y minerales con potencial comercial. Este giro forma parte de la ampliación de funciones de la actual Secretaría de Desarrollo Energético, que a partir del próximo año operará como Secretaría de Desarrollo Energético y Minas, una entidad que busca fortalecer la diversificación económica del estado.
De acuerdo con Walter Julián Ángel Jiménez, titular de la dependencia, la región cuenta con antecedentes históricos en la actividad minera, pero las concesiones previas se encuentran inactivas o ya concluyeron. El nuevo proyecto pretende recuperar ese potencial, ahora bajo una lógica de gestión estatal, aprovechando recursos locales y creando un modelo que responda a las demandas productivas y de infraestructura.
El objetivo es claro: establecer herramientas institucionales que permitan al gobierno participar directamente en la explotación de minerales, un enfoque poco común pero que la ley —según el propio secretario— sí permite, ya que el sector público también está facultado para impulsar el desarrollo nacional en áreas extractivas.
Un modelo mixto: economía social y producción a gran escala
El diseño preliminar del proyecto incluye dos vertientes. La primera contempla un modelo de economía social, pensado para cooperativas mineras vinculadas a los polígonos de San Carlos y San Nicolás, ubicados en la zona centro-norte del estado. Esta modalidad priorizará actividades de bajo impacto y busca generar empleos regionales sin comprometer la sustentabilidad.
La segunda vertiente se orienta a la producción a gran escala, con intención de abastecer el mercado local y, eventualmente, abrir oportunidades de exportación, aprovechando la ventaja geográfica que ofrece la cercanía con la frontera. Para ello, será indispensable consolidar un esquema regulatorio que permita operar con certidumbre jurídica y atraer inversiones complementarias.
Aunque aún no existe ninguna concesión pública operando en México, la administración estatal considera que este es el camino adecuado frente a un panorama nacional donde las reglas del sector han cambiado drásticamente.
El escenario nacional: sin nuevas concesiones privadas
La reforma a la Ley Minera de 2023 modificó de forma significativa el marco para la industria. Se prohibió otorgar nuevas concesiones en áreas naturales protegidas, zonas sin disponibilidad de agua o donde existan riesgos para la población. Además, la minería dejó de ser considerada una actividad esencial, lo que reforzó la decisión federal de no entregar nuevas concesiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado esta postura: su gobierno no abrirá nuevas áreas para explotación privada y se enfocará en resolver los problemas ambientales asociados a los jales mineros en distintos estados.
Esta política ya impacta la dinámica de la industria. La AIMMGM reportó una caída del 11.5% en exploración durante 2024, lo que augura un freno en descubrimientos y un riesgo para el empleo especializado. La ausencia de exploración, advierten expertos, puede generar un efecto dominó que afecte a geólogos, mineros, metalurgistas y a toda la cadena productiva.
Percepción de acaparamiento privado y falta de supervisión
Para especialistas como Karina Rodríguez Matus, la prohibición de nuevas concesiones respondió a la percepción de un acaparamiento por parte de empresas privadas. Sin embargo, señala que este problema no se debe necesariamente a la actividad empresarial, sino a una falta de supervisión gubernamental que permitió acumulaciones sin un uso productivo real.
La abogada considera que una revisión profunda de las concesiones existentes podría corregir distorsiones sin frenar completamente la actividad minera. No obstante, el gobierno federal ha optado por una política restrictiva, lo que abre una ventana para que los estados —como Tamaulipas— busquen nuevas alternativas dentro del marco legal.
El desafío estatal: reactivar la minería sin concesiones privadas
Ante este escenario, el proyecto de una concesión minera pública adquiere relevancia. Permitiría al estado retomar la actividad extractiva sin contravenir las restricciones federales, además de abrir la puerta a un modelo donde el sector público tenga un rol protagónico en la generación de valor.
El reto será doble: por un lado, diseñar un modelo técnico y operativo viable, y por otro, demostrar que la minería administrada por un gobierno estatal puede ser eficiente, sustentable y competitiva.
La estrategia de Tamaulipas apunta a recuperar su vocación minera mediante una vía inédita: la administración pública directa. En un contexto nacional donde las concesiones privadas están en pausa, el estado busca posicionarse como un actor que aprovecha los recursos locales con un modelo propio. Si la transición hacia la Secretaría de Desarrollo Energético y Minas se ejecuta con claridad, podría convertirse en un caso de referencia sobre cómo las entidades federativas responden a las nuevas reglas del sector extractivo.
