La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, fue atacado en Iguala mientras se dirigía hacia la Ciudad de México. Desde entonces, el paradero de los 43 normalistas desaparecidos sigue siendo incierto.
¿Qué pasó realmente con los estudiantes de Ayotzinapa?
Las primeras investigaciones apuntaron a que los estudiantes habrían sido entregados por policías municipales al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron. Esta versión, conocida como la “verdad histórica”, fue sostenida por la administración de Enrique Peña Nieto, pero pronto fue cuestionada por inconsistencias, pruebas obtenidas bajo tortura y falta de sustento científico.
Reapertura de la investigación
En 2019, la Fiscalía General de la República anunció que retomaría el caso “desde cero” para corregir las irregularidades. Sin embargo, los avances han sido parciales y la narrativa oficial sigue sin responder a las principales preguntas de las familias.
En 2022, la Comisión de la Verdad calificó lo ocurrido como un “crimen de Estado”, señalando la participación de autoridades de distintos niveles, incluidos militares. Ese mismo año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se retiró del caso al denunciar obstrucciones del Ejército para acceder a documentos clave.
Procesos judiciales y absoluciones
Aunque se han emitido órdenes de aprehensión contra funcionarios y miembros del crimen organizado, muchas terminaron en absoluciones o nulidades. Para 2022, ya se habían registrado más de 120 resoluciones absolutorias, lo que reforzó la percepción de impunidad. Incluso figuras centrales como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, fueron absueltas en procesos relacionados.
Nuevos movimientos en 2025
Este año se registraron dos acciones relevantes:
- En mayo, fue detenida Lambertina N., expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de desaparición forzada y de ordenar la destrucción de grabaciones relacionadas con el caso.
- En junio, la Suprema Corte ordenó a la FGR publicar una versión pública del expediente de investigación, lo que podría dar mayor transparencia, aunque no necesariamente toda la verdad.
Lo que sigue pendiente
A más de una década, los principales puntos sin resolver son:
- El paradero de los 43 estudiantes: se han identificado restos de algunos, pero no existe certeza plena sobre lo ocurrido a todos.
- Responsables de alto nivel: no hay condenas firmes contra autoridades o mandos militares señalados.
- Participación de las Fuerzas Armadas: continúa la polémica por la falta de acceso a documentos clave.
- Transparencia total: aunque habrá una versión pública del expediente, aún se duda que muestre toda la información.
- Confianza institucional: las salidas de organismos independientes y las pugnas entre autoridades siguen debilitando el proceso.
Las familias de los estudiantes desaparecidos mantienen su exigencia de respuestas reales, mientras que la reciente decisión de la Suprema Corte abre una nueva ventana sobre el caso.
