De acuerdo con el Archivo de Seguridad Nacional en Washington, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) interceptó mensajes de texto entre integrantes del cártel Guerreros Unidos en México y Chicago, presuntamente relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Sin embargo, esa información no fue compartida con investigadores mexicanos sino hasta ocho años después.
Evidencias que pudieron cambiar la investigación del caso Ayotzinapa
De acuerdo con Kate Doyle y Claire Dorfman, investigadoras del Archivo, los mensajes mostraban la reacción en tiempo real de líderes criminales tras los ataques en Iguala.
“Es imposible decir ahora qué podría haber ocurrido si esa información hubiera llegado a las manos de los investigadores en México inmediatamente (…) pero no hay duda de que hubiera ofrecido pistas críticas”, señalaron.
Los textos provenían de los teléfonos Blackberry de Adán Casarrubias Salgado, alias “Silver” o “Tomato”, y de Pablo Vega Cuevas, alias “Transformer”, líderes de Guerreros Unidos. Ambos fueron detenidos y condenados en Estados Unidos, pero en 2014 coordinaban operaciones del cártel entre México y Chicago.
¿Qué decían los mensajes?
Los mensajes revelan intentos de los capos por encubrir los hechos y proteger a sus aliados en el gobierno, las policías y hasta fuerzas militares.
“El caos creado esa noche en Iguala fue un desastre para Guerreros Unidos; minó su control de la plaza y debilitó la protección que normalmente hubieran recibido por autoridades corruptas”, explican las investigadoras.
Uno de los textos interceptados, enviado dos días después de la desaparición, buscaba manipular la narrativa: “Que pongan atestiguar jente que los gueyes esos ivan para Acapulco y se subieron armados (sic)”, escribió Casarrubias.
¿Por qué la DEA no compartió la información?
El informe indica que la DEA priorizó usar la evidencia en juicios contra traficantes en Estados Unido, mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto no solicitó los archivos durante años, pese a los llamados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La información completa no llegó a fiscales mexicanos hasta 2022, lo que retrasó posibles líneas de investigación.
“Ambos gobiernos fueron lentos en responder a la insistencia de los investigadores internacionales”, señalaron Doyle y Dorfman en su informe presentado para medios internacionales, subrayando que la oportunidad de analizar las comunicaciones interceptadas se perdió durante casi una década.
