El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, orientadas a fortalecer los protocolos de atención y seguimiento en casos de violencia, trata de menores, maltrato, explotación sexual y trabajo infantil.
A partir de estas reformas se ampliará la protección de las víctimas desde el momento en que son rescatadas de sus agresores, abarcando desde su canalización a dependencias responsables de su resguardo y, en su caso, hasta su integración en una nueva familia a través de la adopción.
La diputada morenista y promovente de esta iniciativa, Jimena Lasa, reconoció que era necesaria la actualización de estos protocolos de atención a menores, debido al aumento de estos delitos cometidos en contra de los menores del estado, pero sobre todo asegurar un mejor futuro con un sano desarrollo para las víctimas.
“Hemos sido testigos de la creciente vulnerabilidad de los menores ante diferentes problemáticas. Hoy nuestro estado es el primer lugar nacional en trata de menores, esta trata de personas incluye explotación sexual de menores, prostitución y otras formas de explotación, corrupción, pornografía infantil y turismo sexual con menores de edad. La aprobación de esta reforma es un paso crucial que nos permitirá como Estado garantizar la protección y el desarrollo pleno de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó la diputada.
Freno a la revictimización
La reforma, aprobada con 20 votos a favor y ninguno en contra, homologa las leyes locales con las federales para que las víctimas tengan acceso a los mismos estándares de protección y atención de otros estados.
Para ello, se establece que los menores que hayan sido víctimas de estos delitos deberán tener una mínima intervención en los procedimientos judiciales correspondientes. Además, no podrán ser separados de sus familiares siempre y cuando no estén involucrados en el delito.
“Queremos que sea más fácil la garantía de los menores, especialmente de los que son víctimas de explotación y trata, porque es muy tortuoso estar preguntando una y otra vez a un menor qué fue lo que pasó. Estas acciones generan traumas y queremos que los niños estén sanos después de una experiencia de este tipo.
“Por eso, a través de estos mecanismos, se podrán implementar desde el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales para no generar más traumas y que cumpla con la labor de proteger y canalizar directamente a los menores a las instancias correspondientes”, explicó Jimena Lasa.
DIF asegurará la adopción
El dictamen aprobado establece que el Sistema DIF estatal, a través del área de Trabajo Social, será responsable de dar seguimiento a la situación de las víctimas retiradas de su núcleo familiar por estar en riesgo. Esto incluye acompañarlas durante su proceso de adopción e integración a una nueva familia.
La diputada promovente señaló que, aunque esta ha sido una obligación del Sistema DIF estatal, el marco normativo vigente dejaba a las víctimas desprotegidas, ya que no contemplaba medidas de protección frente a posibles situaciones de riesgo ocasionadas por los mismos adoptantes.
Para ello, se realizarán informes semestrales enfocados en la convivencia de los menores con su nueva familia durante un lapso de tres años y, en caso de presentarse algún percance con los menores, deberán ser asegurados nuevamente por el DIF.
Reforma incluye a la chancla voladora
Los menores que sean víctimas de castigos corporales, como la «chancla voladora», el coscorrón, el gancho de ropa, humillaciones u otras formas de violencia, también estarán contemplados en esta reforma.
Uno de los criterios principales de esta iniciativa establece que, en caso de que se notifique a las autoridades sobre cualquier tipo de violencia hacia un menor, se iniciará un proceso de investigación para garantizar su protección y bienestar.
Jimena Lasa explico que esto es gracias a las modificaciones realizadas en la Legislatura pasada con las que se prohíbe el castigo corporal en todo el estado.
“Hace tiempo que el castigo corporal hacia los menores está prohibido, pero seguimos viendo casos que realmente rompen el corazón. Esto ya está establecido en la ley y, por ello, se incluye en esta reforma. Un chancletazo o un coscorrón dado por un adulto puede tener consecuencias muy graves. Primero, porque la violencia genera más violencia, y segundo, porque este tipo de acciones suelen minimizarse, pero en realidad afectan el desarrollo emocional y psicológico de los menores”, expresó.
Protocolo de atención a menores víctimas de violencia
- Se da aviso a las autoridades de primer contacto a través del 911
- Se brinda protección y auxilio al menor y se da aviso a la Procuraduría de los Menores y Ministerio Público
- Inician las investigaciones y se brindan medidas de seguridad
- Los agresores son detenidos y se les suspenden los derechos sobre el menor
- El menor es revisado física y psicológicamente
- Se busca a los familiares consanguíneos de segundo grado del menor (abuelos, hermanos o tíos)
- Se determina la situación jurídica del menor
- El menor es declarado en estado de adopción si hay riego de regresarlo a su familia
- El menor permanece bajo la custodia del Sistema DIF o centros de asistencia
- Si se determina la adopción, el menor es integrado a una familia
- Se realiza cada seis meses, durante tres años, un monitoreo sobre el desarrollo del menor
