Fue la tarde del 8 de diciembre cuando Salvador Zaragoza Álvarez, subdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Manzanillo, Colima, fue asesinado a balazos frente a su domicilio en la calle Primavera del Barrio II, Valle de las Garzas. Este trágico suceso ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia que golpea a funcionarios y cuerpos de seguridad en el estado.
¿Qué sucedió esa tarde?
De acuerdo con reportes preliminares, un sujeto armado disparó repetidamente contra Zaragoza Álvarez antes de huir a pie. Pese a la rápida llegada de servicios de emergencia, el funcionario murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades locales acordonaron la zona mientras peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo.
Elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar) se desplegaron en el área pero hasta ahora no hay detenidos. Aunque versiones extraoficiales sugieren la participación de más de un agresor, estos datos aún no han sido confirmados por las autoridades colimenses.
Un Estado en crisis: tres asesinatos en menos de una semana
El asesinato de Zaragoza Álvarez es solo el último de una serie de ataques dirigidos contra agentes de seguridad en Colima.
- 6 de diciembre: Un policía estatal fue baleado en la colonia Nuevo Milenio III en el municipio de Colima.
- 5 de diciembre: Julio César Romero Álvarez, de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Cuauhtémoc, fue hallado muerto en la carretera Colima-Guadalajara.
Cifras de la organización Causa en Común revelan que 257 policías han sido asesinados en México en lo que va del año, subrayando la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad frente al crimen organizado.
¿Qué factores impulsan esta violencia?
Aunque las investigaciones siguen en curso, los expertos señalan que la creciente rivalidad entre grupos criminales en la región ha intensificado los ataques contra figuras clave de seguridad pública. En Colima, un estado clave para el tráfico de drogas y mercancías, los enfrentamientos entre cárteles generan un ambiente de inseguridad constante.
Además, los altos niveles de impunidad dificultan las labores de justicia. Según el Índice Global de Impunidad, México se encuentra entre los países con mayores índices, lo que deja muchos crímenes sin resolver y refuerza el ciclo de violencia.
La respuesta del gobierno: ¿suficiente?
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima ha condenado los hecho y promete apoyo a las familias afectadas. Sin embargo, estas promesas se han convertido en un patrón repetitivo que no logra resolver las raíces del problema.
El silencio oficial sobre posibles amenazas previas a Zaragoza Álvarez o la relación entre los recientes asesinatos plantea dudas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas en el estado.
El impacto humano detrás de las cifras
Cada víctima no es solo un número, sino un individuo con una familia y una comunidad que enfrenta la pérdida y el miedo. Los ataques contra policías y funcionarios no solo afectan a las víctimas directas, sino que minan la confianza en las instituciones de seguridad.
Para las familias de estos servidores públicos, la justicia es una promesa rota. En muchos casos, los responsables de los asesinatos jamás son capturados, perpetuando una cadena de dolor e impunidad.
¿Qué sigue para Colima?
La escalada de violencia en Colima exige un replanteamiento urgente de las estrategias de seguridad. Expertos recomiendan:
- Fortalecer las investigaciones: Asegurar que cada crimen sea investigado con rigor, reduciendo la impunidad.
- Incrementar la protección a funcionarios: Especialmente aquellos en roles vulnerables como los encargados de los Ceresos.
- Atacar las raíces del problema: Combatir el crimen organizado con tácticas integrales, incluyendo inteligencia financiera y operativos conjuntos.
Un llamado a la acción
El asesinato de Salvador Zaragoza Álvarez es un recordatorio doloroso de los retos que enfrenta Colima en materia de seguridad. Este caso, como muchos otros, no debe caer en el olvido. La ciudadanía, las autoridades y las organizaciones deben trabajar juntas para romper el ciclo de violencia e impunidad que amenaza la estabilidad del estado y del país entero.
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