Mientras los ciudadanos de Monterrey resienten el fuerte aumento en las tarifas del transporte y parquímetros, la decisión aviva las llamas de la ya tensa relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León, poniendo en duda si las medidas responden a una necesidad técnica o a un cálculo político.
El reciente y drástico aumento en las tarifas de servicios clave en Monterrey es más que una simple actualización de costos; es un reflejo de la profunda y prolongada crisis política que ha caracterizado a Nuevo León en los últimos años. La decisión de incrementar el costo de los parquímetros en un 220% y mantener un alza mensual en el transporte público ha generado un previsible malestar ciudadano que ahora se convierte en munición para los distintos actores políticos del estado.
Oficialmente, las justificaciones son técnicas. El aumento de los parquímetros, según el municipio de Monterrey, financiará obras de infraestructura vial. El alza en el transporte público fue aprobada por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad bajo la condición de cumplir con 13 puntos para mejorar el servicio.
Un campo de batalla político
Sin embargo, estas justificaciones técnicas se dan en un vacío de confianza. Nuevo León ha sido escenario de un constante choque de poderes entre el gobernador Samuel García y un Congreso local dominado por la oposición (PRI-PAN). Esta pugna ha incluido intentos de juicio político, disputas por la designación del fiscal estatal y una crisis de gobernabilidad que alcanzó su punto álgido con la fallida licencia del gobernador para competir por la presidencia.
En este contexto de polarización, cualquier decisión impopular se convierte en un arma política.
- Para la oposición: Los aumentos son una prueba del fracaso de la administración estatal y municipal (ambas de Movimiento Ciudadano) para gestionar eficientemente los recursos y proteger la economía de los ciudadanos.
- Para el gobierno: Las críticas son vistas como un intento de la «vieja política» para sabotear los esfuerzos de modernización y obtener rédito político del descontento social.
La crisis política en Nuevo León ha sido marcada por «tensiones políticas iniciales entre los poderes renovados en 2021» y una lucha constante por el control de las instituciones clave del estado.
¿Decisión funcional o síntoma de disfunción?
La pregunta central que surge es si estas medidas, que imponen una carga económica significativa a los regiomontanos, son el resultado de un gobierno funcional que toma decisiones difíciles pero necesarias, o si son un síntoma de la disfunción política, donde las medidas se aprueban sin el consenso social y la legitimidad necesarios.
Mientras los políticos debaten y se acusan mutuamente, los ciudadanos son quienes enfrentan las consecuencias directas. El aumento de tarifas no solo afecta el bolsillo, sino que también erosiona la confianza en las instituciones, que parecen más ocupadas en su lucha por el poder que en ofrecer soluciones efectivas y consensuadas a los problemas de la metrópoli.
