La reciente reubicación de vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha desatado una ola de preocupación en el sector empresarial de Jalisco. Desde la cúpula industrial del estado, se advierten impactos logísticos severos, costos duplicados y una amenaza latente de restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Lo que parecía una medida administrativa del gobierno federal ha evolucionado en una crisis operativa con implicaciones binacionales, particularmente para entidades como Jalisco, que dependen en gran medida del comercio aéreo con Estados Unidos.
El conflicto: un acuerdo bilateral en juego
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) acusó a México de violar un acuerdo bilateral firmado en 2022. Según Washington, la reubicación forzada de operaciones desde el AICM al AIFA constituye un incumplimiento que podría derivar en represalias regulatorias y comerciales.
Mientras tanto, en el occidente del país, organismos empresariales advierten que los efectos ya se sienten. “Estamos teniendo problemas logísticos y costos dobles”, señaló Antonio Lancaster-Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).
La advertencia no es menor: si la situación escala, las repercusiones podrían extenderse a vuelos comerciales, afectando tanto a pasajeros como al intercambio de mercancías.
AIFA: un aeropuerto sin condiciones
Uno de los principales reclamos del sector privado gira en torno a la infraestructura del AIFA, que —según los empresarios— carece de las condiciones necesarias para soportar el volumen de carga que antes manejaba el AICM.
Lancaster-Jones fue enfático: “El sistema aeroportuario está rezagado. No tenemos cómo recibir nuevas rutas de forma eficiente”. Ante este panorama, propuso que terminales como la de Guadalajara, la segunda más importante del país en carga, asuman una mayor responsabilidad logística.
Llamado a soluciones conjuntas
Desde el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Occidente, Miguel Ángel Landeros se sumó a las críticas y enfatizó que la decisión del gobierno mexicano fue “precipitada” y carente de análisis técnico.
Recordó que desde el primer momento, el sector privado advirtió los riesgos. “Esto no es solo política. Es comercio. Y el comercio no se puede reubicar por decreto”, sentenció.
Landeros también lanzó una señal de alerta sobre posibles afectaciones a vuelos de pasajeros, lo cual podría tensar aún más la relación bilateral y frenar el dinamismo económico entre ambos países.
“Nuestros envíos de ida y vuelta con Estados Unidos representan más del 80%. No se puede jugar con eso”.
Jalisco, pieza clave en la solución
Pese al escenario adverso, los empresarios jaliscienses insisten en que la solución pasa por el diálogo técnico y la corresponsabilidad. Guadalajara, señalan, tiene la capacidad para asumir operaciones adicionales si se coordina adecuadamente.
“Jalisco ha crecido. Podemos recibir más vuelos. Podemos ser parte de la solución”, concluyó Lancaster-Jones.
La exigencia, sin embargo, es clara: el gobierno mexicano debe dejar de lado las decisiones unilaterales y trabajar con el sector privado para evitar un conflicto que podría costarle a México su conectividad y competitividad internacional.
