En México, tres de cada cuatro niños con padres separados no reciben pensión alimenticia, según datos del Inegi. Frente a esta alarmante realidad, mujeres activistas y madres han impulsado un movimiento para exigir justicia alimentaria, llevando el tema desde las calles hasta el Congreso y la Suprema Corte.
Este movimiento ha logrado avances significativos: actualmente, no pagar pensión alimenticia puede impedirte viajar, casarte, conducir, acceder a cargos públicos e incluso retirar tu Afore. Las leyes han comenzado a hacer eco del hartazgo social y buscan garantizar, ahora sí, el derecho de los menores a recibir lo que por ley les corresponde.
De tendederos a leyes: la lucha desde la calle
La activista Diana Luz Vázquez, madre y abogada, ha sido una figura clave en este proceso. Su iniciativa más conocida fue la patrulla contra deudores alimentarios, que expone públicamente a quienes incumplen con sus obligaciones. Desde colocar pancartas hasta plantarse fuera de sus domicilios, el mensaje fue claro: no pagar pensión ya no será invisible.
Gracias a este activismo, nació la Ley Sabina, una propuesta que hoy sustenta reformas a nivel nacional para sancionar a deudores.
Registro Nacional de Deudores: consecuencias directas
En 2023 se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una base pública que visibiliza a las personas que adeudan pensiones. Estar inscrito en este registro ahora tiene consecuencias concretas:
- No puedes obtener pasaporte ni salir del país.
- No puedes obtener licencias de conducir.
- No puedes casarte sin que el juez informe de tu deuda.
- No puedes ser candidato a cargos públicos ni trabajar como juez o magistrado.
Estas restricciones buscan cortar los privilegios de quienes, desde el poder o el anonimato, evaden su responsabilidad como padres.
Embargo de Afore: un fallo histórico de la SCJN
El 9 de julio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso clave al autorizar el embargo excepcional de Afores para garantizar el pago de pensiones alimenticias. Este recurso solo aplicará si el deudor está desempleado y no tiene otra forma de cumplir.
Este fallo marca un precedente sin retorno: la justicia puso por encima el derecho de niñas y niños a recibir alimentos frente a los derechos patrimoniales del deudor.
Sin pensión, sin conciertos ni fútbol en CDMX
En abril de este año, el Congreso de la Ciudad de México propuso una reforma que busca restringir aún más las actividades recreativas de los deudores alimentarios. La propuesta impediría que quienes estén inscritos en el REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) accedan a espectáculos públicos o privados como conciertos, partidos de fútbol y eventos culturales.
El mensaje es contundente: no puedes disfrutar de tus derechos si no cumples con tus deberes.
Diana Luz: «Maternar en solitario no es justicia»
Para Diana Luz Vázquez, estas medidas son un punto de inflexión:
“En México muchísimas mujeres estamos cansadas de maternar en solitario… mientras los deudores gozan de libertad y privilegios.”
Ella sostiene que es urgente hablar de pensiones mínimas obligatorias, al igual que existe un salario mínimo. La lucha no solo es legal, sino ética y social:
“La justicia patriarcal sigue beneficiando a los deudores. Necesitamos sentencias con perspectiva de género y centradas en los derechos de la infancia.”
Justicia alimentaria con perspectiva de infancia
Más allá de los embargos y restricciones, estas acciones colocan el foco en quienes realmente importan: los niños y niñas. La corresponsabilidad parental no debe ser negociable, y el Estado empieza a asumir su papel en esta batalla.
Estas medidas no buscan castigar por castigar, sino reparar una deuda histórica con millones de madres y con una infancia que ha crecido sin el respaldo económico —y muchas veces emocional— de uno de sus progenitores.
