En rueda de prensa realizada este martes 26 de agosto en la Notaría Número 3 de Cancún, el abogado Rubén Jorge Manzano Acevedo acusó a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección General de Notarías de Quintana Roo de incurrir en actos ilegales y arbitrarios con el objetivo de cancelar la patente que desde hace más de 40 años ha estado en manos del notario Marco Antonio Sánchez Vales.
“Estamos frente a acciones inéditas y torpes del gobierno, tendenciosas e ilegítimas. Pretenden cancelar la patente de la Notaría Número 3 sin respetar el debido proceso”, expresó Manzano.
El origen del conflicto se remonta a abril de 2024, cuando, por motivos de salud, Marco Antonio Sánchez presentó su renuncia como notario. No obstante, al mejorar su estado físico y recibir un nuevo diagnóstico, decidió desistirse de ese trámite y notificó a las autoridades estatales.
“La ley permite el desistimiento. Es como cuando usted inicia un trámite, como la baja de un servicio o la cancelación de una cuenta bancaria, y luego se arrepiente: puede dejarlo sin efecto. Eso mismo hizo el doctor Sánchez”, explicó el abogado.
De acuerdo con el abogado, en ese momento el Gobierno del Estado debió frenar cualquier procedimiento de cancelación. Sin embargo, ni la Secretaría de Gobierno ni la Dirección de Notarías respondieron al escrito del notario, lo que obligó a iniciar un juicio de amparo. A la par, el Juzgado Séptimo de Distrito concedió una suspensión definitiva para que no se ejecutara la cancelación hasta que se resolviera de fondo.
“Imagínese que un juez federal le ordena a una autoridad no tocar algo mientras se revisa el caso, y aun así la autoridad va y lo hace. Eso es lo que pasó aquí”, comentó.
Desacato a la justicia federal
El 1 de agosto de este año, pese a las resoluciones judiciales, la Secretaría de Gobierno publicó en el Periódico Oficial del Estado la cancelación de la patente de la Notaría Número 3, basándose en la renuncia inicial. Para el abogado, esa decisión no solo es ilegal, sino que constituye un desacato directo a la justicia federal.
“Una autoridad local no puede pasar por encima de lo que ya ordenó un juez federal. Eso es gravísimo”, señaló.
El litigante también destacó las consecuencias humanas del caso que, además de afectar la trayectoria profesional de Marco Antonio Sánchez, impacta a las más de 20 familias que dependen laboralmente de la notaría.
“No solo se trata de un nombre o de una patente, estamos hablando de empleos y de derechos que están siendo pisoteados por la autoridad estatal”, expresó.
Manzano informó que se están analizando nuevos pasos legales, entre ellos la posibilidad de presentar denuncias penales contra funcionarios por desacato.
“Hoy es la Notaría Número 3, mañana puede ser cualquier otro ciudadano al que le nieguen un derecho. Estamos defendiendo la legalidad y el estado de derecho en Quintana Roo. Si una autoridad ignora lo que ordena un juez federal, ¿qué le queda a la gente común? No se trata solo de un conflicto notarial, sino de la certeza de que la ley debe aplicarse para todos por igual”, dijo.
