El acueducto Solís se convirtió en el centro de una fuerte protesta social dentro del salón de sesiones del Congreso de Guanajuato. Aproximadamente 100 campesinos ingresaron al pleno para manifestar su rechazo a la obra hidráulica que, de acuerdo con el proyecto oficial, abastecerá de agua a los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.
La escena no fue menor. Mientras los legisladores se preparaban para aprobar una deuda pública histórica y la Ley de Ingresos, la inconformidad del sector campesino dejó claro que el debate sobre el agua en Guanajuato ya no es solo técnico o financiero, sino profundamente social y político.
Protesta campesina en plena sesión legislativa
La manifestación ocurrió dentro del propio recinto legislativo, un hecho que refleja el nivel de tensión que rodea al acueducto Solís. Los campesinos expresaron su rechazo directo a una obra que, aseguran, pone en riesgo el acceso al agua para el campo, en beneficio de las zonas urbanas e industriales del estado.
La sesión del pleno estaba programada para iniciar a las 10:00 de la mañana, pero comenzó hasta las 11:36 debido a retrasos en la llegada de los diputados, ocasionados por accidentes viales y el tráfico generado en la capital del estado. Este retraso se dio en un contexto ya cargado por la protesta y la discusión de temas clave para el futuro financiero de Guanajuato.
Deuda pública y obra hidráulica: el fondo del conflicto
Durante esta sesión, el Congreso de Guanajuato tiene previsto aprobar una deuda de 8 mil millones de pesos, solicitada por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo. De ese monto, aproximadamente la mitad estaría destinada directamente al acueducto Solís, lo que convierte a esta obra en uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del actual gobierno estatal.
Para los campesinos, el problema no es solo el endeudamiento, sino el destino del recurso. Consideran que el proyecto prioriza el suministro de agua para zonas urbanas y corredores industriales, mientras que las comunidades rurales enfrentan escasez, incertidumbre y falta de garantías para el riego agrícola.
Inversión total y megaproyectos hídricos en Guanajuato
El acueducto Solís no es una obra aislada. Forma parte de un paquete de inversiones que contempla 15 mil millones de pesos destinados a
- La construcción del acueducto
- La tecnificación del Distrito de Riego 011
- El saneamiento del río Lerma
Desde la perspectiva gubernamental, estas acciones buscan modernizar el manejo del agua, mejorar la eficiencia del riego y atender problemas históricos de contaminación y escasez. Sin embargo, para el sector campesino, el temor radica en que la tecnificación y redistribución del recurso termine reduciendo su acceso real al agua.
El acueducto Solís a mitad del debate político y social
A mitad del análisis legislativo, el acueducto Solís ya se perfila como uno de los proyectos más polémicos del sexenio en Guanajuato. No solo por su costo, sino por lo que representa en términos de control, distribución y uso del agua, un recurso cada vez más escaso en la región.
La protesta dentro del Congreso envía un mensaje claro: las decisiones sobre infraestructura hídrica no pueden tomarse sin el consenso de quienes dependen directamente del agua para subsistir. El campo, históricamente relegado, exige ahora ser parte central de la discusión.
Ley de Ingresos y tensión legislativa
Además de la deuda, los diputados también discutirán y aprobarán la Ley de Ingresos, un instrumento clave que define cómo el estado obtendrá recursos durante el próximo ejercicio fiscal. En este contexto, la presión social agrega un elemento adicional a una sesión ya compleja, donde cada voto tendrá consecuencias económicas y políticas.
La irrupción campesina pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿es sostenible un modelo de desarrollo que prioriza grandes obras hidráulicas sin resolver primero las necesidades básicas del sector rural?
El acueducto Solís y el futuro del agua en Guanajuato
El rechazo al acueducto Solís en el Congreso de Guanajuato no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda relacionada con la gestión del agua, la deuda pública y la equidad territorial. La protesta campesina evidencia que el desarrollo hídrico no puede medirse solo en kilómetros de tubería o millones invertidos, sino en su impacto social.
Mientras el Congreso avanza en la aprobación de deuda y reformas fiscales, el acueducto Solís queda marcado como un proyecto que definirá no solo el rumbo financiero del estado, sino también la relación entre el gobierno, el campo y el derecho al agua en Guanajuato.
