La gobernadora Mara Lezama presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reformas al Código Penal de Quintana Roo para actualizar y fortalecer la manera en que la ley castiga el delito de abuso sexual.
Esta propuesta responde a un contexto nacional que exige mayor claridad en los tipos de agresión, sanciones más severas y una protección más firme para las víctimas. De acuerdo con la mandataria este esfuerzo forma parte del compromiso de su gobierno con una política de cero tolerancia frente a la violencia sexual.
“No podemos permitir que una persona que agrede sexualmente a alguien salga por una laguna legal o por un vacío en la norma. La ley tiene que ser clara, firme y estar del lado de las víctimas”, dijo.
La iniciativa plantea actualizar el artículo 129 del Código Penal para que el delito de abuso sexual contemple una gama más amplia de conductas, desde el contacto físico hasta las agresiones sin contacto directo, como la observación forzada o la exhibición de actos sexuales sin consentimiento.
“Una agresión sexual no empieza solo cuando hay contacto físico. También es abuso cuando una persona es obligada a mirar actos sexuales, cuando es exhibida sin su consentimiento o cuando alguien usa su poder para violentar a otra persona. La ley debe nombrar cada una de estas conductas para que nadie quede sin justicia”, explicó la mandataria estatal.
De esta manera, se busca dar certeza tanto a las víctimas como a las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos delitos, además de evitar interpretaciones que favorezcan la impunidad.
Castigos más severos y un mensaje claro: no habrá tolerancia
La propuesta también incluye un catálogo de agravantes actualizado, alineado con estándares federales e internacionales, que aumentaría las penas cuando las víctimas sean menores de edad, mujeres, personas en situación de vulnerabilidad o cuando exista una relación de poder o dependencia.
“Las violencias sexuales dejan heridas profundas, muchas veces irreparables. No se puede tratar igual un delito que destruye vidas. Las penas deben reflejar el daño real que estas agresiones causan y enviar un mensaje muy claro: en Quintana Roo no permitiremos que este delito quede sin castigo”, dijo.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la sanción de inhabilitación para servidoras y servidores públicos que cometan abuso sexual, lo que impediría que vuelvan a ocupar cargos o comisiones en el gobierno.
“Cuando una persona que tiene poder desde el Estado violenta sexualmente, no solo daña a la víctima; rompe la confianza en las instituciones. Por eso proponemos que cualquier funcionario que cometa abuso sexual quede impedido de regresar al servicio público. La gente merece instituciones limpias y confiables”.
Armonización con estándares nacionales e internacionales contra abuso sexual
La reforma al Código Penal responde a una serie de cambios constitucionales y compromisos internacionales que establecen obligaciones claras para prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual.
La inclusión del abuso sexual en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa ,aprobada en 2019 a nivel federal, también debe reflejarse en las leyes estatales.
“Quintana Roo tiene que avanzar al ritmo del país y del mundo. No podemos quedarnos atrás cuando se trata de proteger a nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres. Esta reforma nos coloca en el camino correcto y fortalece el sistema de justicia para todas y todos”, expresó la gobernadora.
